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Una Corte federal ordenó la confiscación de 282 millones de reales en activos de una de las compañías de construcción e ingeniería más grandes de Brasil, OAS, por presuntamente entregar sobornos y pagar a políticos a cambio de contratos con precios excesivos con Petrobras.
Es la quinta compañía que enfrenta la incautación de activos desde el mes pasado. Las otras son Camargo Corrêa, Galvão Engenharia, Sanko Sider y Engevix. Tienen 15 días para entregar los activos. Las incautaciones equivalen al 1 por ciento de los contratos que las empresas firmaron con Petróleo Brasileiro SA, como es conocida formalmente Petrobras, más multas por prácticas corruptas.
Un portavoz de OAS dijo que la empresa no realizaría comentarios. Investigadores federales creen que dos decenas de las principales compañías de construcción brasileñas formaron un cartel que pagó 6.200 millones de reales en sobornos para obtener contratos de la industria petrolera que tenían costos excesivos. Los fondos fueron desviados a cuentas bancarias de ejecutivos corruptos de Petrobras y a las arcas de partidos políticos de la coalición gobernante.
Hasta el momento, 97 personas han sido acusadas de cargos que incluyen lavado de dinero, corrupción y conspiración para delinquir. Cerca de 50 políticos están siendo investigados por sospechas de que recibieron sobornos.
Petrobras ha detenido los pagos y ha incluido en una lista negra a las empresas de construcción involucradas, varias de las cuales han solicitado la protección por bancarrota. Las compañías han debido paralizar proyectos y despedir trabajadores, empeorando la desaceleración económica de Brasil.
Petrobras reportó ayer sus resultados del primer trimestre, que registraron pocos cambios con respecto a los del año pasado, debido a que el fin de los subsidios al combustible ayudó a compensar la caída en los precios del petróleo. También recortó la inversión en un 13%.