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BOGOTÁ (Reuters).Con el “Sí” o “No”, los ciudadanos tendrán la última palabra sobre el histórico acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, para acabar la confrontación de 52 años que dejó 220.000 muertos.
Santos subrayó que el plebiscito, el primero desde 1957, será la decisión política más importante de la historia reciente para la sociedad de Colombia, que está dividida en torno al acuerdo debido en gran parte a los recuerdos de los horrendos crímenes cometidos por el grupo armado.
“Los colombianos escogerán el próximo domingo entre el sufrimiento del pasado y la esperanza del futuro, entre las lágrimas del conflicto y la tranquilidad de la convivencia, entre la pobreza que deja la guerra y las oportunidades que trae la paz”, dijo el mandatario en las horas previas al plebiscito, que será vigilado por 300.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.
El pacto establece que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dejarán las armas para incursionar en la política, crea además una instancia judicial especial para juzgarlos, concede subsidios para pagar a los miembros de ese grupo, “mientras se integren a la sociedad”, la concesión por dos periodos electorales de bancas “blindadas” en el Congreso, así como zonas donde solo ellos podrán presentar candidatos.
Si el acuerdo, producto de cuatro años de difíciles negociaciones en La Habana, es avalado, las FARC tendrán cinco escaños en el Senado y cinco más en la Cámara de Representantes durante dos periodos consecutivos a partir del 2018, incluso si no alcanzan la suficiente votación en las elecciones.
Aunque los sondeos proyectan un triunfo del “Sí” que ratificaría el acuerdo, un gran sector de la sociedad, liderado por el expresidente Álvaro Uribe lo rechaza, criticando que el grupo armado no ha abjurado de su ideología totalitaria, en cuyo nombre que sumió al país en más de 50 años de violencia desmedida.
Consideran, además, que los jefes de esa organización tienen que ir a la cárcel por los crímenes cometidos bajo el conflicto y, en todo caso, no debieran tener la posibilidad inmediata de ocupar cargos de elección popular.
Tras el anuncio del acuerdo entre el Gobierno y las FARC, no hubo en el país un entusiasmo popular, registrándose tan solo algunas manifestaciones, principalmente de partidarios del grupo armado.