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CARTAGENA, Colombia (AFP).En una ceremonia solemne, frente a 15 jefes de Estado y otros 2.500 invitados, el mandatario colombiano y el jefe de la banda armada rubricaron con un “balígrafo” (una bala reconvertida en bolígrafo) el pacto de paz, que para entrar en vigor deberá ser ratificado por los colombianos en las urnas el próximo domingo.
Un paso que se espera lleve al final del conflicto en Colombia, en el que también actuaron otros grupos armados, que dejó ocho millones de víctimas, entre ellas 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
Entre los asistentes figuraba el dictador cubano Raúl Castro, anfitrión de las conversaciones de paz realizadas en La Habana, auspiciadas también por Noruega, Venezuela y Chile.
Se encontraban también el presidente del Paraguay, Horacio Cartes y otros jefes de Estado, el canciller estadounidense, John Kerry; el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; el rey emérito de España, Juan Carlos, y representantes de organismos internacionales.
Todos los invitados recibieron como obsequio una réplica del balígrafo usado para rubricar el acuerdo.
El pacto, un texto de 297 páginas que esencialmente busca cambiar “balas por votos”, promoviendo el desarme de la guerrilla y su transición a la vida política legal, fue alcanzado por las partes tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba.
La jornada inició con un homenaje a la fuerza pública, a quienes Santos agradeció “su sacrificio y su valor”.
Para entrar en vigor, el acuerdo debe ser aprobado en un plebiscito el domingo 2 de octubre, que según las últimas encuestas será favorable al “Sí”. Críticas
Lo negociado con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es fuertemente criticado por diversos sectores, como el liderado por el expresidente Álvaro Uribe.
Las principales preocupaciones se centran en que el grupo armado no ha renunciado a su ideología totalitaria ni a sus vinculaciones criminales (narcotráfico), al tiempo que se le dejarán territorios exclusivos donde operarán sin intervención de la fuerza pública, así como el otorgamiento de bancas aseguradas en el Congreso.