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BRASILIA (AFP). Por seis votos contra tres, el Supremo Tribunal Federal (STF) adoptó una solución que pareciera de compromiso.
El juez de la Corte Marco Aurelio Mello había ordenado el lunes suspender al legislador de 61 años de su cargo, ante una demanda de un partido de la oposición, que alegaba que una persona confrontada a un proceso judicial, como Calheiros, no podría mantenerse en la línea de sucesión presidencial.
Los seis jueces vencedores concordaron con este último punto, pero argumentaron que no es necesario despojarlo del comando de la cámara alta para quitarlo de la línea sucesoria.
Esta solución fue propuesta por el juez Celso de Mello, quien arguyó que los eventuales sustitutos del primer mandatario, en caso de enfrentar un proceso, quedan “imposibilitados únicamente de ejercer el oficio de presidente de la República”, pero pueden conservar su “titularidad funcional”.
Sin embargo, de forma unánime los jueces del STF criticaron la actitud de Calheiros, quien desoyó la decisión judicial que el lunes ordenaba su suspensión.
“Una orden judicial tiene que cumplirse para que prevalezca el orden jurídico y no el voluntarismo de quien sea”, manifestó la presidenta del tribunal, Carmen Lucía, que apoyó pese a todo el voto mayoritario para mantener a Calheiros en el cargo.
La cautelar que pedía suspenderlo mantuvo en vilo a la clase política en Brasilia, que enfrenta severas turbulencias, golpeada por sucesivos escándalos de corrupción.
El episodio de Calheiros llevó a su punto más álgido la guerra entre poderes que se ha instalado en los últimos meses.
Mientras los legisladores denuncian abusos por parte del Poder Judicial –que tiene a muchos de ellos bajo la mira por corrupción– jueces y magistrados aseguran que el Legislativo intenta cercenar su trabajo creando normas para intimidarlos.