Expresidenta surcoreana condenada por corrupción

La expresidenta surcoreana Park Geun-hye fue condenada ayer a 24 años de cárcel por corrupción, punto final de la dramática caída en desgracia de la primera mujer elegida jefe de Estado en Corea del Sur, tras un juicio de 10 meses en que la Justicia se impuso a las presiones políticas.

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SEÚL (AFP). Park había sido destituida y detenida en marzo de 2017 a raíz de una serie de sospechas que pusieron de manifiesto, una vez más, las relaciones ilícitas entre el poder político y los grandes conglomerados.

El juez Kim Se-yoon afirmó que Park había forzado a empresas surcoreanas a pagar decenas de millones de wones a dos fundaciones controladas por su confidente en la sombra y “amiga de 40 años” Choi Soon-sil.

“La acusada utilizó ilegalmente su autoridad presidencial a la demanda de Choi para obligar a las empresas a dar dinero a las fundaciones”, afirmó el magistrado.

La expresidenta Park está en detención preventiva desde hace un año en una cárcel de Seúl.

Choi, juzgada en un proceso distinto por el mismo tribunal, fue condenada en febrero a 20 años de prisión.

Los enormes conglomerados surcoreanos (‘chaebols’), en manos de familias y con estructuras muy complejas son el motor de la economía del país.

Grupos como Samsung o Hyundai han tenido un papel crucial en el “milagro” económico de los 1960 y 1970, que transformó un país destruido por la guerra.

La hija mayor del dictador militar Park Chung-hee había accedido a la función suprema presentándose como la incorruptible “hija de la nación”.

Manifestaciones 

La caída de la presidenta conservadora se produjo tras unas manifestaciones masivas en todo el país, y precipitó unas elecciones anticipadas en mayo de 2017 en las que ganó el candidato Moon Jae-in.

La fiscalía pedía 30 años de prisión contra Park, de 66 años, que boicoteó en gran parte las audiencias durante los 10 meses que duró su proceso, acusando al tribunal de parcialidad.

Habida cuenta del inmenso interés que ha generado este caso en Corea del Sur, el anuncio del veredicto fue retransmitido en directo por televisión, algo muy inusual en ese país.

La expresidenta, que se enfrentaba a 18 cargos de acusación, provocó la protesta airada de una parte importante de la población, pues el caso atizó el sentimiento popular contra los privilegios de las élites y el trato que mantienen las clases dirigentes y las poderosas familias al mando de los grandes conglomerados de la undécima economía mundial.

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