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SÃO PAULO (EFE). Palocci testificó ante la Justicia en calidad de testigo de la acusación, en un caso que investiga la renovación de un decreto que prorrogó los beneficios fiscales de diversas montadoras del sector del automóvil en Brasil.
En el marco de este caso, Lula, quien se encuentra preso desde abril pasado acusado de haber recibido un apartamento con vistas al mar a cambio de sobornos, fue denunciado por la Fiscalía por el delito de corrupción pasiva.
Palocci, uno de los hombres más influyentes en los Gobiernos de Lula (2003-2010) y de su ahijada política, Dilma Rousseff (2011-2016), testificó en contra del exmandatario, a quien acusó de acordar sobornos con un grupo de cabildeo del sector automovilístico.
Una parte de las coimas fueron dirigidas a Luis Claudio Lula da Silva, uno de los hijos del expresidente y quien solicitó entre 2 y 3 millones de reales (entres 526.000 y 789.000 dólares).
Lula y el exministro Gilberto Carvalho fueron denunciados en septiembre del año pasado por corrupción al editar, a cambio de supuestos sobornos, una medida legislativa para favorecer a empresas del sector de automotores mediante una prórroga de los beneficios tributarios por cinco años.
En los interrogatorios ante la Justicia, Palocci ha acusado a Lula y Rousseff de diferentes delitos, que aún son investigados y pueden agravar la situación legal del expresidente, quien ya cumple una condena de doce años de prisión por corrupción y lavado de dinero por haber recibido un apartamento de la constructora OAS.
El exministro y antiguo brazo derecho de Lula fue condenado y preso por corrupción en un caso vinculado a millonarios desvíos en la petrolera Petrobras, pero firmó un acuerdo con la Fiscalía para colaborar con la Justicia y revelar sus delitos y a sus cómplices, a cambio de una reducción de su pena y otros beneficios.
Corrupción
Bajo el gobierno de Lula se montó el mayor esquema de corrupción en la historia del Brasil, que ha llevado a prisión a los más grandes empresarios de ese país.
Asimismo, le ha costado penas de prisión a políticos y funcionarios de Petrobras, donde se negociaban los contratos públicos a cambio de millonarios sobornos.
Sin embargo, Lula –que enfrenta otra media docena de causas– alega que todo es una “persecución política”; el mismo discurso empleado por políticos de otros países que enfrentan causas similares en una ola judicial anticorrupción que se va extendiendo por toda la región desde hace unos años.
Lula purga desde abril una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
Fue declarado culpable en julio de 2017, inicialmente a 9 años y 6 meses, de beneficiarse de un apartamento en un balneario paulista, ofrecido por una constructora para obtener su mediación en contratos con Petrobras.
La citada condena fue ratificada y ampliada por una corte de apelación.