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BUENOS AIRES (EFE). De Vido manejaba las obras públicas, donde presuntamente se “recaudaba” durante el gobierno de los Kirchner.
El exministro de obras públicas durante los 12 años de gestión de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina fue detenido en octubre de 2017 después de que el Parlamento argentino le retirara la inmunidad como diputado nacional en el caso por supuesta adjudicación irregular de contratos para la ampliación de dos gasoductos.
La constructora brasileña es la principal protagonista del mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil y Latinoamérica, descubierta por la operación judicial “Lava Jato” en torno a la petrolera estatal Petrobras.
Los casos que implican en Argentina a Odebrecht son la concesión de un plan de ampliación de gasoductos (2006-2008) y la ampliación del ferrocarril Sarmiento, así como otro en el que se investigan contrataciones realizadas por la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entre 2007-2015.
La firma admitió en diciembre de 2016 haber pagado unos US$ 35 millones en sobornos en Argentina.
El magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó también por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública al exsecretario de Obras Públicas José López, ya en prisión por otras causas, desde que en 2016 fue sorprendido guardando casi US$ 9 millones en un convento de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, el juez declaró la falta de mérito con respecto a, entre otros, el empresario Ángel Calcaterra, primo hermano del presidente del país, Mauricio Macri, al considerar que, en base a la prueba obtenida, no es factible “afirmar o descartar” que hubieran sido parte la presunta maniobra delictiva.
En el expediente se estudian supuestas irregularidades en el proceso licitatorio por el que se otorgó durante el kirchnerismo la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento de Buenos Aires a la UTE conformada por las firmas Odebrecht, Ghella, Comsa y IECSA, cuyo titular de esta era Calcaterra y llegó en marzo de 2017 a un acuerdo de venta con el empresario Marcelo Mindlin.
El magistrado busca, además, determinar si los integrantes de ese consorcio de empresas efectuaron pagos de sobornos a los funcionarios encargados de llevar adelante la licitación, para lograr su adjudicación y continuidad.
Martínez ya tomó el año pasado declaración a los imputados, entre los que se encuentran no solo exfuncionarios, sino también diversos empresarios locales y de la constructora brasileña que intervinieron de la obra.
“A partir de las medidas de pruebas dispuestas, se lograron obtener distintas evidencias que permiten sostener que los funcionarios públicos de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal (responsables del proceso licitatorio) dirigieron su accionar, en sus diferentes etapas, con miras a beneficiar a las firmas”, expresa el juez en su dictamen.
Con respecto a la entrega o recibo de sobornos “por el momento, tales circunstancias, no han sido acreditadas”.
El proyecto del tren Sarmiento está en la mira de la Justicia desde que el diario argentino La Nación difundiera información sobre presuntas transferencias que se produjeron menos de un mes después de que la obra se empezara a ejecutar. Según esa información, esos pagos podrían ser una operación para impulsar la obra mediante sobornos.