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“Los funcionarios públicos (...), mediante recibimiento de sobornos, facilitaban la producción de alimentos adulterados, emitiendo certificados sanitarios sin ninguna inspección efectiva”, indicó la Policía federal (PF).
Una parte de esos sobornos “se revertía a partidos políticos”, dijo el comisario Mauricio Moscardi Grillo.
La operación incluyó 27 órdenes de prisión preventiva y condujo al apartamiento de tres funcionarios públicos y al cierre de tres frigoríficos, informaron la PF y el ministerio de Agricultura.
Hay además 21 establecimientos bajo sospecha.
En frigoríficos de pequeño porte se detectó el uso de “productos cancerígenos para maquillar el aspecto físico del producto averiado, el olor”, dijo el comisario Moscardi Grillo.
“Numerosos niños de escuelas públicas (del estado) de Paraná merendaban con productos vencidos, dañados y a veces hasta cancerígenos, para responder a los intereses económicos de esta poderosa organización criminal”, declaró.
También se identificó la presencia de salmonella en productos que salieron a la venta gracias al pago de sobornos, agregó.
Un contenedor de BRF fue bloqueado en un puerto de Italia, al detectarse la presencia de esa bacteria, indicó, sin otros detalles.