Amnistía Internacional publica hoy un informe sobre el primer año de las manifestaciones a favor y en contra de Nicolás Maduro, que da cuenta de la falta de justicia para los cientos de personas cuyos derechos humanos han sido violentados.
“Desde hechos de muertes, detenciones arbitrarias, tortura, ataque a defensores de derechos humanos y agresión sexual a detenidos son expuestos en este penoso escenario, documentado en el informe”, expresó Fabián Forestieri, presidente de AI, capítulo Paraguay.
–¿Cuál es la situación de los DD.HH. bajo el gobierno de Nicolás Maduro?
–Las manifestaciones dejaron como saldo 43 personas muertas, 878 con heridas, incluido el personal de las fuerzas de seguridad; cientos de personas torturadas y maltratadas, y 3.351 detenidas, 27 aún encarceladas en espera de juicio.
Hay una clara falta de voluntad política del Estado venezolano para asegurar que estas graves violaciones no vuelvan a ocurrir.
–¿Qué dice el informe?
–Resalta casos de muertes de personas en las que se involucra a personal de las fuerzas de seguridad o grupos armados pro gobierno que actuaron con la aquiescencia de aquellas, así como casos de tortura y otros malos tratos a personas detenidas y casos de detenciones arbitrarias.
Durante el último año, AI también ha documentado hostigamiento e intimidación contra víctimas, sus familiares y sus representantes legales al hacer sus diligencias para obtener justicia; al igual que ataques contra defensores de derechos humanos que denuncian estos graves hechos.
–¿Quedaron muchos detenidos?
–De las 3.351 personas aprehendidas, 1.404 enfrentan acusaciones por delitos de bloqueo de vías públicas, lesiones, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir.
–¿Y la justicia?
–El sistema de justicia venezolano no solo no ha sido efectivo en garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, sino que es, además, objeto de frecuentes interferencias por parte del poder ejecutivo.
Amnistía y otros organismos han exigido a Venezuela en la última década dar prioridad a la protección de los DD.HH. para conformar un Estado de derecho sólido, en el que el Poder Judicial garantice la protección jurídica de toda la población, sin discriminación alguna.
–¿Qué cambios hubo con respecto a la política de DD.HH. en relación con el gobierno de Hugo Chávez?
–En los últimos tiempos ha venido empeorando. Y este informe lo confirma. Es nuestra preocupación, que sumado al hecho de la grave crisis económica y el descontento social que provocan, estos abusos vuelvan a repetirse.
El gobierno de Maduro, lejos de mandar una señal clara de condena a estas graves violaciones de derechos humanos, continúa justificando la actuación indebida de las fuerzas de seguridad en nombre del orden y la seguridad pública, y de la estabilidad política.
–Por ejemplo, ¿utilizando a los militares para la represión?
–El Gobierno emitió la Resolución 008610, la que permite la actuación de todos los componentes de las Fuerzas Armadas en el control del orden público, incluidas las protestas públicas, facultándolas además para el uso de armas de fuego en tales circunstancias.
Los instrumentos internacionales especifican claramente que utilizar las Fuerzas Armadas para el orden interno solo debiera ser considerado en circunstancias excepcionales.
A menos de un mes de la emisión de dicha resolución ministerial, el 24 de febrero, el menor Kluiberth Roa Núñez, de 14 años de edad, perdió la vida al recibir un disparo de goma de un policía en el estado de Táchira.
–¿Cómo evalúa AI al gobierno de Maduro un año después de las grandes manifestaciones?
–Amnistía concluye que, ante la evidente falta de compromiso de las autoridades de acabar con la impunidad que rodea las graves violaciones cometidas hace un año y su falta de compromiso por la protección de los derechos humanos sin discriminación e independientemente de preferencias políticas, los trágicos sucesos que se documentan en este informe corren el riesgo de volver a producirse, en especial en un contexto de creciente descontento social.
–¿Considera Amnistía que en Venezuela hay presos políticos?
–Después de haber revisado las evidencias presentadas por el Ministerio Público contra algunas de las 27 personas que se encuentran detenidas, Amnistía ha podido constatar que hay personas que fueron detenidas sin encontrarse cometiendo un delito y sin que hubiera una orden judicial en su contra.
–¿Cuántos casos están documentados?
–Son cinco los casos examinados por la organización. Los detenidos enfrentan juicios sin que exista evidencia fehaciente para acusarles de los delitos de los que se les imputan. Preocupa sobremanera a la organización que estas personas estarían siendo procesadas por sus opiniones críticas o contrarias a los intereses de las autoridades y que su procesamiento sin evidencias fehacientes y admisibles vulnera su derecho a un debido proceso.
Amnistía considera que la detención de estas personas es arbitraria y que parece estar políticamente motivada. Los casos más conocidos internacionalmente son los de Leopoldo López, líder opositor, y Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal.
–También está el caso del alcalde Ledezma.
–Sí. El 19 de febrero fue detenido el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en circunstancias que sugieren que su detención está políticamente motivada. Según la Asociación de Alcaldes de Venezuela, 33 de los 73 alcaldes de partidos de la oposición tendrían procesos judiciales en su contra a finales de febrero de 2015.
Sumamente preocupantes han sido también las noticias sobre la detención, el 10 de febrero, del juez Alí Fabricio Paredes, presuntamente como consecuencia de la sentencia que habría dictado en un caso de alto perfil y que no habría satisfecho los deseos de la Fiscalía; al igual que la detención el 8 de febrero del abogado Tadeo Arriechi, al parecer como represalia por el desempeño de sus funciones, al ejercer como abogado de una empresa acusada de desestabilizar la economía.
–¿Cuál es la situación de la libertad de expresión y de prensa en ese país?
–La libertad de expresión y de prensa se ve claramente dañada en el país. Constantemente, defensores de derechos humanos, abogados defensores, periodistas y ciudadanos denuncian hostigamiento y amendrentamiento por sus tareas.
Incluso en el caso de las denuncias efectuadas ante situaciones de violaciones de sus derechos son tomados con poca diligencia, en medio de burlas y desinterés por las fuerzas de seguridad; todo cimentado por un clima de impunidad y falta de voluntad política. Las autoridades continúan intentando acallar las voces críticas.
–¿Qué recomienda Amnistía para solucionar los conflictos internos de Venezuela?
–Es crucial que las instituciones del Estado que juegan un rol fundamental para la protección y promoción de los derechos humanos, como el Ministerio Público, el sistema judicial, la Defensoría del Pueblo y las fuerzas policiales sean dotadas de los recursos necesarios para garantizar que sean capaces de realizar su labor eficazmente; y con la debida independencia e imparcialidad.
Desde la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente, justicia para las víctimas, respeto al debido proceso, respeto a los estándares internacionales de uso de la fuerza por agentes de seguridad, de rendición de cuentas de las acciones tomadas por organismos de seguridad, son algunas de las claves necesarias de manera urgente.
Es igual de urgente implementar las normas internacionales de protección contra la tortura, asegurándose, entre otros, que en las evaluaciones de los médicos forenses se utilicen formularios ajustados a estándares de derechos humanos.
–¿Preocupa a la organización la postura de los diferentes gobiernos de la región sobre el caso de Venezuela?
–Desde Amnistía creemos que el concierto de naciones a nivel global, y más específicamente a nivel regional, tiene mucho por hacer en cuestiones relativas a crisis de derechos humanos.
No debiera existir argumento ideológico, económico y/o político que no nos permita condenar cualquier tipo de abuso a la libertad y a los derechos humanos, sean estos provenientes del gobierno que sea. Los derechos humanos se deben respetar y promover más allá de las ideologías y los intereses económicos. Son el centro, que aseguran la dignidad humana. Así pensamos y trabajamos en Amnnistía Internacional.
equintana@abc.com.py