Cargando...
LIMA (EFE). La mayor constructora peruana, Graña y Montero, admitió haber pagado soborno de US$ 3,7 millones para adjudicarse una obra, en consorcio con otras compañías, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), según el equipo de investigación a cargo del caso Lava Jato en Perú.
Graña y Montero inició un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía anticorrupción por sus vínculos con el llamado “Club de la Construcción”, una agrupación de grandes empresas peruanas y extranjeras, entre las que estuvo la brasileña Odebrecht, que se repartían obras y se beneficiaban con licitaciones estatales obtenidas gracias al pago de sobornos sobre el valor referencial de las obras.
Graña y Montero, según fuentes fiscales, pagó unos US$ 11 millones que abonó el Consorcio Vial Quinua, formado además por ICCGSA y EIVI, para adjudicarse la rehabilitación de una carretera en la región Ayacucho.
Los entonces funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la oficina Provías Nacional simularon una licitación y otorgaron la obra al referido consorcio durante la gestión del exministro Carlos Paredes en el gobierno de Humala, investigado por presuntos aportes ilegales a sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Como parte del proceso de colaboración eficaz, la nueva administración de Graña y Montero proporcionó valiosa información sobre el “Club de la Construcción” que corrobora los testimonios de otros colaboradores de la fiscalía.
El exdirector de la brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confirmó el pasado 25 de abril ante fiscales peruanos la existencia del “Club de la construcción” y que su empresa, que ha firmado un acuerdo de colaboración con la Justicia peruana, formó parte de él.
Agregó que las empresas peruanas con las que participó en consorcio en algunos de esos proyectos estaban al tanto y contribuyeron con los sobornos y pagos irregulares que se efectuaban para obtener las licitaciones.
Perú fue uno de los doce países de Latinoamérica donde Odebrecht ha reconocido que pagó millonarios sobornos a cambios de obtener grandes contratos en obra pública, lo que además acompañó con donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.
Por ello están imputados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa un pedido de extradición pendiente de ser resuelto por Estados Unidos; Ollanta Humala (2011-2016), para quien la Fiscalía pide 20 años de prisión; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario.
También estaba investigado Alan García (1985-1990 y 2006-2011) hasta que el mes pasado se suicidó.
Por el mismo caso también están en prisión preventiva la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
Expresidente y su esposa podrían ir a prisión
La constructora brasileña Odebrecht admitió ante la justicia que pagó 29 millones de dólares en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos.
La Fiscalía de Perú pidió a la Justicia 20 años de prisión para al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y 26 años para su esposa y ex primera dama, Nadine Heredia, acusados de recibir un aporte ilegal de US$ 3 millones en la campaña que lo llevó al poder en 2011. La mujer está acusada debido a que el exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confesó que le entregó personalmente el dinero a ella.