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“Cuando una ocupación se restringe a la actuación militar, no resuelve las causas del problema, sino los efectos”, dijo Fernandez.
La intervención federal de la seguridad de Río de Janeiro, decretada el 17 de febrero, cede a los militares el control de la seguridad en el estado hasta finales de 2018, tras una ola de violencia que el año pasado causó 6.731 muertes, entre ellas más de 100 policías y diez niños alcanzados por balas perdidas.
El general dijo que la intolerancia que se vive actualmente lleva a que pequeños problemas sean resueltos con “una violencia absurda”.
“Cuestiones menores se transforman en actos violentos y por eso se necesitan hacer campañas para desarmar el espíritu”, aseguró.
Por eso quiere concentrar parte de su accionar en las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) y recargar su objetivo inicial de llevar acciones sociales a las favelas.
Las UPP son comisarías situadas dentro de favelas de Río de Janeiro que fueron creadas en 2008 para resolver la violencia en esas comunidades y expulsar a las bandas de narcotraficantes de esas barriadas.