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GINEBRA (AFP). Casi un millón de uigures y miembros de otras etnias chinas de lengua turca están o estuvieron detenidos en campos en Xinjiang (noroeste del país), según estimaciones citadas por un grupo de expertos de Naciones Unidas.
Una delegación de alto nivel del régimen comunista chino tuvo que dar explicaciones sobre ese programa de arresto masivo durante el denominado Examen Periódico Universal (EPU) al que se ven sometidos los 193 miembros de Naciones Unidas aproximadamente cada cuatro años.
Ante el Palacio de Naciones de Ginebra, sede de la ONU, unos 500 manifestantes protestaban por su parte con pancartas en las que se podía leer “Stop al genocidio de los uigures” o “el Tíbet muere, China miente”.
El último informe sobre DD.HH. en China data de 2013.
Estados Unidos quiere que Pekín declare la abolición de “cualquier forma de detención arbitraria, incluidos los campos de internamiento en Xinjiang, y libere inmediatamente a los centenares de miles, o incluso millones, de individuos detenidos en esos campos”.
Francia pidió por su parte a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que se desplace a China para observar in situ el programa.
En un primer momento, China negó la existencia de tales centros en Xinjiang, pero tras la publicación de imágenes satelitales y la presencia de documentos oficiales de autoridades locales en internet que mencionaban su existencia, las autoridades hablaron de centros educativos en los que se enseña chino, deporte o bailes folclóricos para frenar el extremismo religioso.
“Vía particular”
Una investigación de la AFP de más de 1.500 documentos públicos accesibles en internet reveló en octubre que esos centros, 184 de los cuales establecidos en Xinjiang desde 2014, compraron principalmente porras, esposas o aerosoles de gases lacrimógenos.
Los centros deben “enseñar como escuelas, ser gestionados como el ejército y asegurados como prisiones”, según uno de los documentos, que citaba al jefe del Partido Comunista Chino (PCC) en Xinjiang, Chen Quanguo.
Una serie de atentados que Pekín imputó a separatistas o extremistas uigures dejaron cientos de muertos en los últimos años.
Las autoridades aseguran estar preocupadas por un auge del islamismo radical en la región, donde la mitad de los cerca de 24 millones de habitantes es de confesión musulmana.
Pero según activistas en el exilio, se trata de campos de reeducación política cerrados.
Algunos exinternos afirmaron haber sido detenidos por llevar la barba larga, velo o haber enviado felicitaciones por internet en celebraciones musulmanas.
Para el director de la ONG Human Rights Watch (HRW) en Ginebra, John Fisher, el examen de China “demostró el foso que separa el punto de vista de Pekín sobre su balance en materia de derechos humanos y la triste realidad vivida por los defensores de los derechos humanos, los tibetanos y los uigures detenidos arbitrariamente” .
China negó cualquier forma de violaciones a los DD.HH. y destacó –por el contrario– los progresos en su desarrollo económico para la lucha contra la pobreza.
“Lo que China hizo demuestra que no hay una única vía hacia la modernización y que cada país puede elegir su vía de desarrollo y su modelo de protección de los derechos humanos”, dijo el ministro de Exteriores Le Yucheng.