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BOGOTÁ (Reuters). El Consejo Nacional Electoral (CNE) –acusado de servir al chavismo– anunció que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se hizo con al menos 17 de las 23 gobernaciones en disputa; mientras que la coalición opositora ganó en cinco estados. Aún está pendiente el resultado de una gobernación.
El grupo, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, promueve una solución pacífica y negociada entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición en medio la grave crisis política, económica y social en la nación petrolera.
Los gobiernos latinoamericanos consideraron “urgente que se lleve a cabo una auditoría independiente de todo el proceso electoral, con el acompañamiento de observadores internacionales (...) con el fin de aclarar la controversia generada sobre los resultados de dicho comicio y conocer el verdadero pronunciamiento del pueblo venezolano”.
También, denunciaron “diversos obstáculos, actos de intimidación, manipulación e irregularidades”, durante las elecciones del pasado domingo que ponen en duda los resultados.
La oposición de Venezuela denunció al régimen chavista por “fraude” electoral y prometió lanzar protestas pacíficas para cambiar el sistema electoral del país.
Juramento
Acusado por sus adversarios y algunos países de instaurar una “dictadura”, Maduro hizo de estos comicios una validación de su Asamblea Constituyente, desconocida por gobiernos de América y Europa, y cuya elección en julio fue acusada de fraudulenta por la coalición opositora y por la empresa (Smartmatic) que proporcionó la tecnología electoral.
El mandatario socialista dispuso que los gobernadores elegidos deben subordinarse y jurar ante la Constituyente, so pena de ser destituidos. La oposición descartó hacerlo.
Aunque la ley dice que los gobernadores deben jurar ante el legislativo regional, tienen las manos atadas: La oposición arrasó en las parlamentarias de 2015, pero sus decisiones, con mayoría calificada, fueron anuladas por la justicia, acusada de servir al chavismo.
Ante este nuevo escenario, observadores creen que el clima político subirá de temperatura, e incluso, abrirían la vía a nuevas protestas como las que cobraron unas 120 vidas entre abril y julio.