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SÃO PAULO (AFP).“Hay una orden de conducción coercitiva contra João Vaccari Neto –tesorero del PT–, por la que será detenido temporalmente para declarar”, informó un portavoz de la Policía. Imágenes de la prensa brasileña mostraron al cajero del PT llegando a la sede de la Policía Federal en São Paulo, ciudad en la que reside, declaró por casi tres horas y después fue liberado porque no fue imputado por ningún delito.
Legales o ilegales
“Queremos tener informaciones sobre donaciones que él pidió, legales o ilegales, a personas que mantenían contratos con Petrobras”, declaró el procurador regional de la República, Carlos Fernando Lima, en una rueda de prensa en Curitiba (sur), donde está basado el caso. Pero aclaró que “es muy prematuro aún” decir cuál era el rol de Vaccari en el esquema.
Vaccari Neto fue señalado como “operador” del PT en el esquema de corrupción por el exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa y por el empresario Alberto Youssef, ambos detenidos en el marco de la investigación.
Las declaraciones de Costa a la Policía para beneficiarse de una reducción de su pena revelaron la existencia de un cartel integrado por las principales empresas constructoras de Brasil que se repartían contratos sobrefacturados en Petrobras.
Un 3% de los contratos era destinado al pago de sobornos que iban al PT y a dos partidos aliados en la coalición de gobierno, así como a intermediarios dentro y fuera de Petrobras, según Costa, que citó a decenas de políticos como beneficiados. Esta investigación pone en aprietos a la administración de la presidenta Dilma Rousseff.
US$ 4.000 millones
La conducción forzada de Vaccari Neto a una comisaría para declarar forma parte de la novena fase de la Operación “Lava Jato”, que investiga una trama de corrupción que habría movido unos 4.000 millones de dólares en una década.
En total fueron emitidas ayer 62 órdenes de prisión preventiva, temporal, conducción coercitiva y búsqueda y aprehensión en cuatro estados brasileños: São Paulo y Río de Janeiro (sureste), Bahía (noreste) y Santa Catarina (sur). La Policía precisó que investiga a 26 empresas, la mayoría creadas para lavar dinero de la trama.
Hay 39 personas detenidas en el marco de la operación y, algo inédito en Brasil, la mayoría son altos ejecutivos de empresas constructoras, aunque también jerarcas de Petrobras e intermediarios.