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RÍO DE JANEIRO (Reuters). La lista incluye a ocho miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), ocho del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), 10 del Partido Progresista (PP), uno del Partido Socialista Brasileño (PSB) y uno del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), dijo el diario.
El PT, el PMDB y el PP son parte de la coalición de gobierno. El PSB dejó la coalición de gobierno este año. El PSDB es el principal partido de oposición del país. Los fiscales ya han dicho que planean investigar a los partidos políticos en relación con el caso y que se prevé la presentación de cargos contra los políticos para febrero. Los nombres fueron suministrados por Paulo Roberto Costa, el exjefe de refinación de Petrobras, como parte de un arreglo con los fiscales para atenuar su propia sentencia potencial, dijo Estado.
El diario no precisó cómo obtuvo la lista de nombres. Costa es uno de 39 presuntos participantes acusados en días recientes de delitos como crimen organizado, sobornos y lavado de dinero. Entre los acusados se encuentran más de 20 ejecutivos principales de importantes compañías brasileñas de construcción.
El escándalo, por el que se desviaron un total estimado de 10.000 millones de reales (3.760 millones de dólares) de Petrobras, se está convirtiendo en el mayor caso de corrupción en la historia brasileña.
Ya fueron despedidos miles de trabajadores a medida que se frenan las actividades, o directamente se detienen, en proyectos que son parte del plan de inversiones de la compañía a cinco años por 221.000 millones de dólares. Petroleo Brasileiro SA, como se conoce formalmente a la empresa, no ha sido capaz de divulgar sus resultados del tercer trimestre.
La lista de políticos también acerca el escándalo a la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Si bien Rousseff dijo que no tuvo participación en el esquema y sostuvo el jueves que planea “erradicar la corrupción”, ella fue la presidenta de la junta de directores de Petrobras.
De acuerdo con los fiscales, los ejecutivos de Petrobras conspiraron para inflar los precios de contratos por decenas de miles de millones de dólares para refinerías, barcos, publicidad y otros bienes y servicios.
Los contratistas y otros proveedores entonces supuestamente retornaban un porcentaje de los contratos inflados a ejecutivos, políticos y partidos como sobornos y contribuciones de campaña.