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El atentado más grave fue sufrido por el periodista Fernando Vidal y su compañera de trabajo Karen Anze, de la ciudad sureña de Yacuiba, donde fueron quemados por un grupo de agresores cuando transmitían un programa de radio sobre denuncias de corrupción.
En el atentado incendiario, que se produjo en octubre de 2012, también fueron destruidos equipos de la radio donde trabajaban.
El Gobierno ha detenido a personas acusadas de haber actuado en ese atentado, pero la ANP considera que no hizo lo suficiente para dar con los verdaderos responsables del atentado.
Además de las agresiones, el informe registra una decena de incidentes de acoso judicial o administrativo, en una lista de otro tipo de atentados contra la libertad de expresión en Bolivia.
En este apartado, está la denuncia penal por presunta “incitación al racismo” contra Morales presentada por el Gobierno contra los matutinos El Diario y Página Siete y la católica Agencia de Noticias Fides (ANF), que han rechazado de plano la denuncia.
La Fiscalía de La Paz aún no se ha pronunciado públicamente sobre esa acusación que las asociaciones de los medios y periodistas consideran una demanda dirigida a conculcar la libertad de prensa.
Las diversas agresiones provinieron del Gobierno de Evo Morales, del mismo mandatario y de su vicepresidente, Álvaro García Linera, de grupos políticos y sociales afines, autoridades regionales e indígenas entre otros, según la ANP.
El organismo señaló además que en 2012 hizo reiterados reclamos al Gobierno de Morales para una convivencia de paz, de democracia y de respeto a las libertades constitucionales, pero la respuesta llegó con un lenguaje de hostilidad.
Durante 2012 tres periodistas bolivianos fueron asesinados.