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El fiscal Carlos Stornelli solicitó el inicio de una causa para investigar las alegaciones que presentó recientemente Fanego y requirió al juez Julián Ercolini que dispusiera las primeras medidas de prueba.
La querella surge tras los comentarios realizados por la titular de Madres de Plaza de Mayo el pasado mes de noviembre, tras la victoria del conservador Mauricio Macri en la inédita segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas.
“Volvió el enemigo al poder”, señaló Bonafini, quien llamó a la ciudadanía a repudiar la presencia de Macri en la Casa Rosada durante la asunción del nuevo jefe del Estado argentino, el pasado 10 de diciembre.
Para el abogado la actitud de la titular de Madres de Plaza de Mayo “es un intento de sublevación contra el orden constitucional y un llamado a la violencia contra un gobierno constitucional”, apuntó.
En este sentido, Fanego hizo referencia a los diversos cortes de tránsito en la capital de Argentina, así como una serie de mensajes a través de la red social Twitter, realizados por una agrupación afín al gobierno saliente que “estaban incitando a saqueos y actos de violencia contra el gobierno que asumió”.
Bonafini todavía no está imputada, aclaró Fanego, en espera de que el juez instructor recopile la información necesaria para constatar y evaluar si corresponde o no citar a Bonafini e imputarle directamente la comisión de un delito. El delito de incitación a la violencia está penado con entre tres y seis años de prisión, mientras que el atentado contra el orden público puede suponer entre tres y ocho años de cárcel.
Recientemente, la Justicia de Buenos Aires condenó a Madres de Plaza de Mayo a pagar unos 33 millones de pesos (cerca de US$ 3,5 millones) por incumplir las cláusulas de disolución de un contrato.