Demandan a la Argentina por expropiación de YPF

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La petrolera española Repsol dijo ayer que demandó al gobierno argentino ante un panel del Banco Mundial por la nacionalización de su filial YPF, en el que podría convertirse en el mayor reclamo presentado contra el país ante el organismo. La expropiación había sido justificada por la supuesta falta de inversión de la compañía ibérica.

BUENOS AIRES (Reuters). Repsol argumentó en su presentación que Argentina violó un acuerdo para la protección recíproca de inversiones con España al expropiar su 51% en YPF en mayo pasado, según un comunicado de la petrolera al regulador bursátil español.

La demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones no incluye el monto de la compensación exigida por Repsol, que será detallada en una instancia posterior del proceso, dijo una fuente jurídica bajo condición de anonimato.

La petrolera valoró en unos 10.000 millones de dólares la participación de YPF que el Gobierno le expropió después de acusarla de no invertir lo necesario para evitar el declive de la producción de la mayor petrolera del país sudamericano. Repsol negó los cargos y aseguró que la expropiación fue una jugada del Gobierno para quedarse con los inmensos recursos de hidrocarburos no convencionales de YPF.

Se ha presentado ante el “Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (el CIADI)”, la solicitud de inicio de un procedimiento de arbitraje contra la República Argentina, dijo Repsol.

Argentina ha sido demandada casi medio centenar de veces desde el 2002 en el CIADI, especialmente por compañías de servicios públicos que vieron perjudicadas sus inversiones en el país por la conversión forzosa a moneda local de contratos en dólares como consecuencia de la crisis.

El Gobierno argentino se ha negado hasta ahora a negociar con Repsol una compensación por la expropiación y el panel dependiente del Ministerio de Planificación Federal que debe tasar la participación nacionalizada de YPF aún no se expidió.

La caída de la producción de hidrocarburos de YPF obligó al Gobierno a realizar millonarias importaciones de energía que puso en riesgo el superávit comercial clave con que financia a la economía.