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El Tribunal Supremo Popular ratificó las sanciones solicitadas por el Tribunal Provincial de Sancti Spíritus, que encontró culpables a los empleados estatales por los delitos de malversación, falsificación de documentos bancarios y de comercio, ocultación u omisión de datos y estragos. Los inculpados intentaron borrar el fraude económico con un incendio provocado en la sede de la empresa el 17 de junio de 2016, antes de que las cuentas fueran sometidas a una auditoría.