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BUENOS AIRES (EFE). El magistrado federal Santiago Ramos decidió abrir un proceso penal al exministro –en calidad de autor– y a otros imputados como la actriz Andrea del Boca como “partícipes necesarios” del delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
La causa investiga la asignación indebida de fondos públicos para la realización de dos series de televisión.
Se estudian supuestas “maniobras” para la “asignación irregular” de fondos a productoras para la realización de la miniserie “El Pacto” y la telenovela “Mamá Corazón”.
El caso apunta a que se implementó un circuito que involucró la actuación de funcionarios y empleados del Ministerio, así como de la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
De Vido –quien fue el máximo encargado de las áreas de obras públicas, energía y vivienda en Argentina, soporta otros procesos penales, una de ellas conocida como “La obra” y por la que fue procesado por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública” en uno de los casos por adjudicación de obras públicas a la constructora brasileña Odebrecht, firma envuelta en escándalo internacional de sobornos.
El código penal argentino prevé penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua por este delito.
También, es juzgado por los delitos de descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y por defraudación contra la administración pública; por el caso del choque de tren en Buenos Aires que dejó 51 muertos en 2012, conocido como la “Tragedia de Once”. En un primer juicio por la tragedia, que terminó en 2015, ya fueron condenados, además del maquinista del tren y exsecretarios de Transporte.
También fue imputado junto a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner por la causa que investiga el presunto “direccionamiento” de contratos de obras públicas a favor del Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y su esposa Cristina.
La Justicia argentina decretó prisión preventiva en su contra en diciembre de 2017 en el marco de las investigaciones por presunto fraude multimillonario en un proyecto minero en el país, que nunca se llevó a cabo.