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SANTIAGO DE CHILE y CARACAS (EFE). Según informaron ayer fuentes judiciales, el alto tribunal rechazó un recurso del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que buscaba dejar sin efecto la sentencia de la Corte que acogió un recurso de protección a favor de los opositores venezolanos, amparado en la conocida como jurisdicción universal, cuando se trata de defensa de derechos humanos.
La Corte Suprema resolvió en noviembre que, a través del Gobierno chileno, se pida a la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se presente en la cárcel venezolana donde López cumple condena y al domicilio de Ceballos, que tiene arresto domiciliario, para constatar “el estado de salud y de privación de libertad de ambos protegidos”.
El tribunal subrayó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha dado cumplimiento a la resolución, por lo que el requerimiento a la CIDH lo realizará directamente la Corte Suprema.
López fue condenado a 14 años de prisión por la violencia en las protestas de 2014, y Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, está acusado de delitos contra el Gobierno.
El recurso de protección inicial fue presentado por dos ciudadanos chilenos en la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 25 de mayo pasado, cuando López y Ceballos estaban detenidos en dos cárceles venezolanas y habían iniciado una huelga de hambre para pedir la liberación de los “presos políticos” en el país caribeño.
El máximo tribunal chileno ha defendido su competencia en el caso y considera que en los casos de López y Ceballos puede actuar la jurisdicción universal protectora de los derechos humanos.
Sacar a Maduro
Los parlamentarios opositores, que asumirán en enero, definirán antes de julio en el seno de la unicameral Asamblea Nacional (AN), donde tendrán mayoría absoluta, las herramientas constitucionales para sacar al gobernante Nicolás Maduro antes del fin de su mandato en 2019.
El asunto forma parte de “acuerdos suscritos y ratificados por todos quienes integramos” la alianza opositora Mesa de la Unidad (MUD), dijo el secretario general del histórico partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup.
Esos acuerdos, subrayó el también diputado electo, “se mantienen vigentes e incólumes y vamos a honrarlos”.
El compromiso, añadió en un artículo dominical en el diario Nuevo País, es “procurar dentro del lapso de seis meses subsiguientes a la toma de posesión de la nueva AN una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral para el cambio del Gobierno”.
Ramos Allup remarcó en ese sentido que salía al paso “a comentarios insidiosos” que proyectan la imagen de que en la MUD anidan “grupos antagónicos”.
Confirmó así lo dicho el pasado 20 de diciembre por el apresado líder opositor Leopoldo López desde la cárcel militar donde está recluido desde febrero de 2014.
“¿Cómo le decimos a los venezolanos que viven angustiados en las calles con el temor de perder su vidas que debemos esperar hasta el año 2019 para cambiar este sistema? ”, se preguntó López y reveló que ya en julio pasado los opositores acordaron dar “una discusión profunda sobre cuál mecanismo activar para lograr el cambio político”.
Las opciones son, recordó López, el referendo revocatorio del mandato presidencial –puede activarse cuando Maduro cumpla en julio la mitad de su gestión–, la enmienda constitucional, la renuncia del gobernante o la instalación de una Asamblea Constituyente.