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La propuesta que desató la controversia plantea imponer diversos límites al Supremo que, entre otros puntos, sería obligado a someter al Congreso decisiones sobre la inconstitucionalidad de alguna ley.
El proyecto, ya aprobado en varias comisiones, establece, además, que las directrices del Supremo para el funcionamiento de los tribunales de instancias inferiores también deberían ser aprobadas por las cámaras legislativas antes de entrar en vigor.
En los últimos meses, entre el Congreso y el Supremo ha habido diversas polémicas, agitadas por decisiones de la Corte que, para algunos parlamentarios, han supuesto una “intromisión” de un Poder en otro.
La más reciente surgió esta semana, cuando el tribunal atendió un pedido de fuerzas políticas minoritarias y ordenó al Senado suspender el debate de un proyecto de ley que intenta imponer nuevas reglas para la creación de partidos políticos.
El presidente del Senado, Renán Calheiros, afirmó que la Corte “invadía” con esa decisión la jurisdicción del Parlamento y exigió que el fallo del tribunal sea anulado, pues supone un “intento de influir en el proceso legislativo”.
“Hace más de 80 años que existe la tradición de que el Supremo es el que declara la inviabilidad jurídica de una ley” si comprueba una “violación de una cláusula constitucional” y no hay “por qué alterar eso ahora”, declaró Barbosa a medios locales desde Estados Unidos, donde está en un viaje oficial.
Según dijo Barbosa, si se aprobase ese proyecto se “debilitarían la democracia” y el principio de separación de Poderes, que no es “un concepto abstracto”, apuntó el magistrado.
“La separación de poderes forma parte del derecho de todos los ciudadanos e integra un conjunto de mecanismos constitucionales con los cuales un poder neutraliza los abusos de otros”, apuntó.
Una opinión similar manifestó el magistrado Gilmar Mendes, quien aseguró que si ese proyecto fuese aprobado, “lo mejor sería entonces cerrar el Tribunal Supremo”.
El autor de la propuesta es el diputado Nazareno Fonteles, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), quien sostiene que “se debe rescatar el valor de la representación política, la soberanía popular y la dignidad de las leyes aprobadas por los legítimos representantes del pueblo”.
Según el legislador, ese proyecto apunta a contener unas alegadas “posturas activistas del Poder Judicial”, que se ha enfrascado en varios conflictos con el Congreso por decisiones adoptadas en el pleno del Supremo.