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La SIP, con sede en la ciudad de Miami, señaló en un comunicado que confía en que esta demanda por inconstitucionalidad sirva además para que el país debata sobre una legislación que utiliza el Gobierno ecuatoriano para “censurar las voces independientes y críticas”.
La demanda, explicó este organismo, fue presentada en setiembre pasado por 60 personas, entre políticos, exjueces, diputados, periodistas y escritores.
Al argumento principal es que contraviene disposiciones de la Constitución, tratados internacionales sobre los derechos humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, indicó que este giro “abre esperanzas de que en Ecuador se recapacite sobre una legislación que se ha erigido como un bozal para la prensa y periodistas independientes y críticos y que incentiva la autocensura por temor a las represalias económicas y penales”.
Servicio público
Esta demanda contiene 23 impugnaciones.
Reclama irregularidades en el proceso de aprobación de la ley en el Congreso, que se defina la información como “servicio público”, lo que no contempla la Constitución, y acusa al Gobierno ecuatoriano de arrogarse el poder inexistente de regular “el ejercicio de los derechos de la comunicación”.
Si bien la Sala Constitucional aceptó a trámite la demanda, rechazó suspender su aplicación mientras dure este proceso. En julio de 2013, la Corte había admitido otra demanda de inconstitucionalidad en la que se impugnaron 52 artículos de la ley.