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“Órganos políticos y legales regularán más el manejo de las peticiones, y evitarán a toda costa usar cualquier medida para bloquearlas”, destacó un comunicado del máximo órgano ejecutivo, publicado por la agencia oficial tras la reunión semanal que el Gabinete lleva a cabo los miércoles.
La decisión se toma después de que una célebre peticionaria, la activista Cao Shunli, falleciera el pasado 14 de marzo tras seis meses de detención, poco después de que protagonizara una sentada ante el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.
Los peticionarios son personas con todo tipo de quejas sobre temas civiles (desde problemas medioambientales a laborales, sociales o de salud), que consideran que las autoridades de su localidad no han atendido adecuadamente sus demandas e intentan reabrir su caso ante instancias más altas.
Muchos de ellos viajan a Pekín para intentar plantear sus problemas al Gobierno central, una práctica que enlaza con la tradición imperial de las audiencias con los súbditos, aunque en las últimas décadas miles de estos peticionarios son detenidos y confinados en la capital para no causar “tumultos”.
En años pasados se denunció el uso de “cárceles negras”, centros de detención ilegales –cuya existencia era negada por el Gobierno– donde estos peticionarios eran confinados especialmente en épocas sensibles para el régimen, como plenarios del Congreso del Partido Comunista.
La decisión anunciada por el Gobierno chino se produce tres meses después de que el Legislativo chino aboliera formalmente los “campos de reeducación” por el trabajo, otro modo de detención sin juicio previo del que fueron víctimas durante décadas tanto peticionarios como presos políticos o creyentes religiosos, y cualquiera se manifestase contra el régimen comunista que rige el país desde mediados del siglo XX.