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CARACAS (Reuters, AFP). La policía política de Venezuela detuvo a los concejales Jorge Luis González y Rosmer Rubio, de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD); y al diputado opositor Gilber Caro, a quien acusan de posesión de armas y explosivos, y de planear actos de violencia, incluso asesinar a miembros de la coalición opositora para luego desestabilizar al Gobierno, informó el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, quien dirige el “comando antigolpe” creado por el presidente Nicolás Maduro.
“Es un caso indefendible (por el diputado)”, afirmó El Aissami, uno de los líderes chavistas más odiados por la oposición, y cuya carrera política estaría vinculada con el extremismo islámico y el narcotráfico.
El vicepresidente acusó también al partido de López, Voluntad Popular, quien fue condenado por los hechos de violencia callejera que dejaron 43 fallecidos en 2014, de estar planificando actos violentos en el marco de nuevas movilizaciones que organiza la oposición para fines de enero.
También, el “comando antigolpe” volvió a encarcelar por “participar de maniobras desestabilizadoras” a Raúl Baduel; un general en retiro y exministro de Defensa del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), que luego pasó a criticar al gobierno chavista.
El ministro de Interior y Justicia (leal a Maduro) general Néstor Reverol, aseguró que fue develado “un plan terrorista desestabilizador por miembros de la ultraderecha”, que vincula a los detenidos y a Lilian Tintori, esposa del encarcelado opositor Leopoldo López.
La oposición y organismos de derechos humanos han advertido que el nombramiento de El Aissami como vicepresidente, la semana pasada, hace prever un aumento de la “represión” en Venezuela, donde según la MUD hay un centenar de “presos políticos” y limitaciones en el ejercicio de las libertades plenas.
Irreconciliables
El Poder Legislativo, de mayoría opositora desde las elecciones en 2015, declaró al presidente Nicolás Maduro el lunes pasado en “abandono del cargo” (destitución prevista en la Constitución), alegando que incumple sus funciones constitucionales, y exigió convocar elecciones.
Pero el Poder Ejecutivo (chavismo) pidió anular la decisión, solicitud que fue aprobada en la noche del miércoles último por el Poder Judicial (Tribunal Supremo de Justicia), acusado por la oposición de servir al oficialismo.