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La decisión del principal órgano judicial de Naciones Unidas adoptada el lunes es de obligatorio e inmediato cumplimiento, y poco después de divulgarse provocó reacciones opuestas entre los mandatarios de ambos países.
Aunque la Corte Internacional le ratificó a Colombia la soberanía sobre siete islotes que reclamaba Nicaragua, el fallo le costó una parte de su plataforma marítima con elevado potencial económico.
“Estamos estudiando unas posibilidades de unos recursos jurídicos que la misma corte los tiene, pero ante todo queremos ser juiciosos y serios en el estudio del fallo”, dijo a periodistas la canciller María Ángela Holguín, en la isla de San Andrés, uno de los territorios reclamados por Nicaragua.
Las posibilidades de que el fallo sea modificado son casi nulas, por lo que la única opción que tiene Colombia si no quiere acatarlo es declararse en rebeldía.
“Una cosa es que se mantengan discrepancias y otra muy diferente el desacato a lo resuelto en la sentencia, actitud que Colombia de ninguna manera puede asumir sin perjuicio de la solicitud de aclaración de algunos puntos o de la eventual y remota viabilidad de un recurso extraordinario de revisión”, dijo el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández.