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Ayer se cumplió el quinto aniversario de los graves disturbios ocurridos en la capital de la región, Urumqi, que se iniciaron con manifestaciones por la muerte en un linchamiento de dos uigures en una fábrica del sur del país, y desde entonces la violencia no solo no ha cesado, sino que se ha extendido a otras provincias de China.
Desde 2009, cientos de personas han fallecido en ataques o enfrentamientos entre uigures y autoridades en Xinjiang, uno de los puntos calientes del oeste de China donde muchos uigures reclaman la independencia de la región. En 2013, este conflicto étnico llegó a Pekín.
En octubre, un coche invadía la acera de la principal avenida de la capital, Chang An, atropellando a personas a su paso y estrellándose a las puertas de la Ciudad Prohibida. Cinco personas murieron en este atentado a más de 3.000 kilómetros de Xinjiang, donde al mismo tiempo también se intensificaban los asaltos.
Meses después, la violencia se repetía en otra región lejana, Yunnan, con el asesinato de 33 personas por un grupo de agresores con cuchillos en una estación de tren.
En todos estos casos, así como en los enfrentamientos entre autoridades y civiles en Xinjiang, el Gobierno chino atribuyó la violencia a grupos terroristas uigures con base en la región occidental y con conexiones en el exterior dada la cercanía de esta zona con países como Afganistán o Pakistán.
Según Pekín, el yihadismo ya ha penetrado en el país asiático a través del Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (ETIM) –reconocido por gobiernos como EE.UU. en 2003, aunque poco después excluido de su lista– en contacto con “células en el extranjero”.
Por su parte, los uigures, aquellos en el exilio con capacidad para hablar, denuncian que el régimen lleva décadas oprimiendo su cultura y abocando con sus políticas a la violencia.