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CARACAS (AFP, EFE, Reuters). Superar la crisis social, económica y política pareciera ser un sueño difícil de alcanzar para los venezolanos, que afrontan bajo el gobierno socialista de Nicolás Maduro una de las peores recesiones de América y el mundo, cuyo efecto es la escasez de alimentos y medicamentos.
El presidente Maduro, un exchofer de transporte público y líder sindical entre 1991 y 1998, rearmó su equipo de gobierno, nombrando el miércoles último al abogado Tareck El Aissimi (se definió “radicalmente chavista”) como su vicepresidente; y cambiando a casi el 50% de los miembros de su gabinete.
El Aissami es una figura clave porque sería el relevo de Maduro si su mandato fuera revocado en un referendo este año, un proceso que sería reimpulsado por la alianza opositora este año en su afán de concretar un cambio político.
La carrera de El Aissami, uno de los líderes chavistas más odiado por la oposición, estaría vinculada con el extremismo islámico y narcotráfico.
El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami (EE.UU.), afirmó que el nombramiento del nuevo vicepresidente “consolida al país como un narco-Estado”.
El Parlamento, de mayoría opositora, tras el juramento de su nueva directiva, presionará por la salida de Maduro y un cambio anticipado en el Gobierno.
La Asamblea Nacional decretó en el 2016 la responsabilidad política de Maduro ante la profunda crisis económica que vive el país con las mayores reservas de petróleo del mundo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera al Legislativo en desacato.
La instalación de la nueva directiva se efectuó a pesar de las objeciones de Maduro quien, con el aval del TSJ, alega que las acciones del Congreso no tienen efecto legal hasta que desincorpore a tres diputados acusados de comprar votos, un proceso que el Parlamento dice ya cumplió.
El nuevo jefe del Congreso, Julio Borges, aseguró que Diputados declarará en los próximos días el “abandono de cargo” del presidente Maduro, y agregó que con ello se “abren las puertas para que haya elecciones en todos los niveles”.
De aprobarse el “abandono de cargo” de Maduro, debe ser reemplazado por su vicepresidente, quien es nombrado libremente por el Mandatario.
Diálogo en suspenso
CARACAS (EFE). Durante el 2016 el Legislativo venezolano –dominado por la oposición– prometió trabajar para lograr un cambio de gobierno en el país y por ello respaldó el referendo revocatorio presidencial, un proceso que el poder electoral suspendió en octubre por un supuesto fraude determinado por varios tribunales regionales.
A pesar de protestar cada medida que le fue rechazada y acusar a los otros poderes de favorecer al chavismo, incumpliendo su deber de imparcialidad, la oposición se embarcó en un diálogo acompañado por El Vaticano y la Unasur, pero tampoco obtuvo resultados concretos.
Los opositores sostienen que la grave crisis económica, política, social y de violencia criminal que sufre Venezuela solo se resuelve con un cambio de gobierno, por lo que pretendían lograr, en la mesa de diálogo, una reactivación del referendo o un adelanto de las elecciones presidenciales de 2018; algo que el chavismo ha descartado negociar, y tras lo cual la oposición congeló el proceso y planea no asistir el 13 de enero a lo que sería la tercera ronda del diálogo.