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“El gobierno mantiene el proceso participativo con todas las consecuencias”, anunció el portavoz del gobierno regional en Barcelona, Francesc Homs, poco después de conocerse la decisión unánime del alto tribunal de suspender esta votación y todos los actos administrativos con vistas a su organización.
A solo cinco días de esta votación muy esperada por un sector importante de la sociedad catalana, los magistrados aceptaron a trámite el recurso de impugnación presentado por el gobierno español del conservador Mariano Rajoy para quien el escrutinio es ilegal y no cumple con las garantías democráticas de un proceso electoral.
El voto fue anunciado el 14 de octubre por el presidente regional, el nacionalista Artur Mas, como alternativa al referéndum consultivo sobre la independencia convocado inicialmente y suspendido también por el Tribunal Constitucional hace un mes al aceptar otro recurso de Madrid.
Bautizada “proceso de participación ciudadana”, esta votación estará organizada por 41.000 voluntarios coordinados por el gobierno catalán, no tendrá censo previo sino que los ciudadanos se inscribirán en el colegio electoral y no será supervisado por ninguna junta electoral.
Si finalmente se desoye al tribunal, 5,4 de los 7,5 millones de catalanes podrán votar en unas 6.695 mesas electorales instaladas en institutos públicos para responder la doble pregunta: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”. Su resultado difícilmente puede ser representativo dada la baja participación que se espera de catalanes contrarios a la independencia, pero una elevada movilización podría conferir a la cita un importante simbolismo político.