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BUENOS AIRES (AFP). Nisman, de 51 años y padre de dos hijas, fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 en su departamento de Buenos Aires.
Cuatro días antes pidió indagar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y a su entonces canciller Héctor Timerman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán, que según el fiscal sirvió para encubrir a los responsables del atentado a la AMIA, y debía acudir ante una comisión parlamentaria para argumentar su denuncia.
Su muerte conmocionó a la Argentina. Pero aún no se esclarece qué pasó.
A fines de 2017, por primera vez, un juez federal consideró que la muerte de Nisman “no obedeció a un suicidio”. En su resolución el magistrado Julián Ercolini procesó, entre otros, al exasesor informático del fiscal y dueño de la Bersa calibre 22, Diego Lagomarsino, como supuesto “partícipe necesario del delito de homicidio”.
La muerte del fiscal originó dos narrativas. Las pericias también fueron dos y los resultados, contradictorios: el fiscal estaba solo y se suicidó frente al espejo o dos sicarios entraron en su domicilio, lo redujeron y lo drogaron antes de ultimarlo.
El memorándum de entendimiento con Irán fue firmado en 2013 por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso argentino para, según el gobierno de Kirchner, destrabar la causa AMIA.
Pero para el fiscal el pacto buscaba garantizar la impunidad de los iraníes acusados por el atentado, a cambio de intercambios comerciales.
Por la denuncia de Nisman sobre el acuerdo con Irán, en diciembre de 2017 el juez federal Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner y a Timerman.
Los fueros de la expresidenta, actual senadora, impiden su detención. Timerman está en libertad debido a su grave estado de salud por un cáncer.
Lo que sigue
El proceso judicial sobre la tesis de homicidio se define en febrero, cuando la Cámara federal confirme o deseche la resolución del juez Ercolini.
Pero por ahora, tres años más tarde, esa muerte sigue siendo un parteaguas en Argentina, donde los seguidores de Kirchner y los del presidente Mauricio Macri “usaron políticamente el caso”, según el director de la Escuela de Posgrados de la Universidad Austral, Damián Fernández Pedemonte.