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BUENOS AIRES (AFP).La Corte Suprema de Argentina avaló el martes a la presidenta Cristina Kirchner en su disputa con Clarín por cuatro artículos de la ley de medios, en particular uno sobre desinversión, en un fallo que se emitió cuatro años después de haber sido aprobada la norma.
En ese periodo el influyente multimedios, uno de los más poderosos de Latinoamérica, y el Gobierno se enfrascaron en duras acusaciones que prácticamente dejaron al país dividido en dos.
La Corte advirtió en su fallo que la ley “perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial” para evitar que “los medios de comunicación se conviertan en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas”.
El gobierno de Kirchner es acusado de utilizar la pauta publicitaria del Estado para castigar a los opositores.
Por impulso del gobierno de Kirchner, el Congreso derogó en 2009 el delito de calumnias e injurias, por el cual los acusados de agraviar a autoridades podían ir a prisión.
“La madre de todas las batallas”, definió el principal impulsor de la ley, Gabriel Mariotto, hoy vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, al resumir que la iniciativa constituía un objetivo central del Gobierno.
En cambio, para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la organización patronal de medios la sentencia “habilita al Poder Ejecutivo a aplicar su objetivo político de desguazar el Grupo Clarín, limitando severamente sus márgenes de acción”.
Desestabilizantes o enemigos a doblegar
Un argumento similar exponen medios críticos en países como Ecuador y Venezuela y, al igual que en Argentina, sus gobiernos los tildan de “desestabilizantes”.
“La percepción general es que los gobiernos han elegido a la prensa como uno de los principales enemigos a doblegar. La existencia de estos supuestos enemigos es el sustento del discurso sobre el que (los gobiernos) construyen su poder”, dijo a la AFP Kristin Wesemann, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina.
Como en Argentina, la ley de Comunicación de Ecuador, sancionada en junio, redistribuye las licencias de radio y televisión mediante la reducción a 33% para los medios privados (que dominan el espectro) y otorga 34% para los comunitarios y 33% para los públicos bajo el argumento de democratizar las comunicaciones, en medio de un duro conflicto entre parte de la prensa y el presidente Rafael Correa.
José Laso, director de los estudios de Comunicación de Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, dijo que con esas leyes se corre “el gran riesgo de pasar de un monopolio privado a un monopolio público” y citó como ejemplo el caso de Venezuela, donde hay “una tendencia del Estado a convertirse en la única voz de la sociedad”.
En Venezuela, la relación del Gobierno con los medios de comunicación ha sido confrontativa desde los tiempos del fallecido exmandatario Hugo Chávez, y ahora se ha mantenido con su sucesor, Nicolás Maduro.