Cargando...
En una extensa nota publicada por la agencia estatal Xinhua, el jefe del Gobierno regional de Xinjiang, Shohrat Zakir, habló de estos centros –cuya existencia se negaba hasta hace muy poco– abiertos bajo las directrices del presidente chino, Xi Jinping, para luchar contra las “tres fuerzas del mal: el terrorismo, el extremismo y el separatismo”, informa EFE.
Según el régimen los campos son para “educar y transformar a la gente influenciada por el extremismo”.
“Xinjiang ha lanzado un programa de educación y formación profesional de acuerdo con la ley. Su propósito es deshacerse del ambiente y campo de cultivo que engendra el terrorismo y el extremismo religioso y evitar que ocurran actividades terroristas violentas”, buscó justificar Shohrat Zakir en la entrevista.
El jefe del gobierno regional añadió que los residentes de Xinjiang –de mayoría musulmana– tienen dificultades para encontrar empleo, lo que les hace “vulnerables a la instigación y coerción del terrorismo y extremismo”. Por eso, las autoridades les brindan ahora “formación profesional gratuita”.
Mientras, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) denuncian los abusos, torturas y muertes que ocurren en esos campos de concentración, como vienen ocurriendo desde la instauración del régimen comunista, responsable de decenas de millones de personas exterminadas para depurar la sociedad bajo normas bolcheviques.
El dirigente también afirmó que los centros cuentan con todo tipo de comodidades, como instalaciones deportivas, salas de proyección de películas o actividades de baile, algo que contrasta enormemente con los testimonios de exdetenidos, que advierten de las situaciones que se sufren, que llevan al suicidio a los presidiarios.
Por ejemplo, Kairat Samarkan, recluido en uno de esos centros entre octubre de 2017 y febrero de 2018 tras viajar a Kazajistán y ser acusado de “traicionar a su país”, contó a AI que fue encapuchado y encadenado en brazos y piernas, y lo tuvieron inmovilizado en una posición fija durante doce horas.
Las familias de los detenidos –que no están acusados oficialmente de cometer ningún crimen– han mostrado su miedo por sus seres queridos, con los que no mantienen contacto y no saben ni siquiera si están vivos.
HRW denunció que los hijos de los detenidos son separados de sus padres y trasladados a orfanatos.