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BUENOS AIRES (AFP). La Unidad de Información Financiera (UFI) fue la que puso el nuevo dato en escena, al ofrecer su cooperación a la Justicia por una investigación paralela sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Daniel Muñoz, ya fallecido, y que fuera secretario de Néstor Kirchner, muerto en 2010.
Muñoz habría tenido unos 65 millones de dólares en propiedades en Miami a través de empresas en paraísos fiscales, y la UIF sospecha que ese dinero forma parte de los 160 millones de dólares que, según la fiscalía, sumaron los presuntos sobornos para obra pública registrados en los llamados “cuadernos de la corrupción”.
Así es como se conoce a las minuciosas anotaciones del hombre clave de la causa, Óscar Centeno, chofer del número dos del poderoso Ministerio de Planificación (encargado de las grandes obras públicas).
Centeno llevó apuntes sobre retiros y entregas de bolsos con dinero que acompañó entre 2005 y 2015, durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).
Ya hay 16 empresarios y exfuncionarios detenidos a disposición de la justicia en una causa en la que la ahora senadora Cristina Kirchner será indagada el 13 de agosto, como jefa de la presunta asociación ilícita.
El juez Claudio Bonadio pidió al Senado que se le quite la inmunidad parlamentaria a Cristina para poder allanar su domicilio y su oficina legislativa.
Los fueros no impiden que un legislador sea procesado, juzgado e incluso condenado, pero no puede ser detenido.
Mecanismo sistémico
El caso “es potencialmente lo más parecido al Lava Jato”, explicó el sociólogo Marcos Novaro, en alusión al escándalo de corrupción en Brasil, pero advirtió que “dependerá de la solidez de la prueba y que aparezcan arrepentidos”.
“La cantidad de empresarios que están involucrados es muy grande. Hay varios más que no están todavía en las listas. Es muy sistémico todo. El mecanismo fue sostenido durante diez años, en algún lugar deben estar esas cuentas que permitan decir que está probado”, estimó Novaro.
Ayer se entregó otro exfuncionario, Fabián García, y el empresario Juan Carlos de Goycochea, exdirectivo de la española Isolux Corsan en Argentina. Este último se presentó tras regresar de esquiar, según la prensa.
El juez Bonadio analiza varios pedidos de excarcelación, entre ellos el del titular de la Cámara de la Construcción de Argentina, Carlos Wagner, el del chofer Óscar Centeno, y de su expatrón Roberto Baratta, mano derecha del exministro Julio de Vido, quien está encarcelado en otra causa de supuesta corrupción.