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Es un caso por presunto desvío de más de 200 millones de pesos (unos 12,8 millones de dólares) de dinero público en un programa bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que administraba la fundación de las Madres.
El magistrado abrió causa contra los apoderados de la fundación, responsables directos del presunto fraude.
Y a Bonafini se la consideró “partícipe necesaria de la maniobra”, en tanto se valoró que “conocía los desmanejos financieros” que realizaban los apoderados y que “al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución”.