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La nueva norma pretende acabar con los retrasos de justicia, un tema de larga data en Bolivia donde casi el 70% de los detenidos en las superpobladas cárceles carecen de condena, según la Defensoría del Pueblo.
Además, busca agilizar y transparentar los casos, especialmente los vinculados a las mujeres y menores víctimas de violencia.
Las cárceles bolivianas tienen una capacidad máxima de 3.738 detenidos, pero albergan a 18.970.
Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), las de Bolivia son las segundas más superpobladas de América Latina, después de las de El Salvador.
Otra novedad es que los procesos judiciales serán todos orales, registrados en audio y video, para acabar con transcripciones de actas, testimonios y juicios que toman semanas y retardan la Justicia. Todo ese sistema escriturado antiguo será anulado.
Otra de las claves es la limitación de la detención preventiva, cuyo abuso conlleva que las cárceles bolivianas estén saturadas a un 330 por ciento por encima de su capacidad, con reos que esperan largamente sentencia para luego incluso ser absueltos.