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Sobre los locales que ocuparán los negocios no estatales en esa rama “tanto para los trabajadores por cuenta propia como para las cooperativas no agropecuarias, el régimen establecido será el de arrendamiento, pues se mantiene invariable la propiedad del Estado sobre los principales medios de producción” aclaró Ada Chávez Oviedo, viceministra de Comercio Interior, en una entrevista con la prensa oficial.
No obstante, agregó que “los equipos, útiles y herramientas” que usen esos nuevos negocios “podrán alquilarse o venderse”.
Los cambios que aplica el Gobierno cubano desde 2008 permitieron hasta ahora la ampliación del número de privados o “trabajadores por cuenta propia”, según nomenclatura oficial, a más de 470.000 en 201 oficios de servicios y la aprobación de unas 500 cooperativas urbanas, administradas por accionistas, muchas dedicadas a la gastronomía.
La viceministra subrayó que tras una actualización de los reglamentos, “corresponde a los órganos y entidades nacionales (estatales) aprobar las tarifas de arrendamiento” de los locales en los que se monten los negocios, las cuales, aseguró, “no responderán a criterios arbitrarios, sino que tendrán en cuenta las dimensiones del local y su ubicación, entre otros aspectos”.
Se aplicará sobre los negocios no estatales, además, un sistema de control permanente que diseñará el Ministerio de Comercio Interior, explicó Chávez Oviedo al diario oficial Granma.
Según la viceministra el “nuevo modelo de gestión” gastronómica no estatal se apoya en un reglamento que “norma su desempeño”, los tipos de servicios a prestar y “las obligaciones asumidas en el contrato de arrendamiento”. Más específicamente expuso que el contrato que firme el Estado con los “cuentapropistas y cooperativistas tendrá una duración de hasta diez años, prorrogables por acuerdo entre las partes”.
El documento será una herramienta legal imprescindible para determinar, incluso desde el proceso de negociación, los intereses del nuevo establecimiento y su responsabilidad es insoslayable. En caso de incumplimiento de los compromisos se rescinde el contrato”, subrayó. Hasta el momento en los 3.570 no estatales en el área trabajan unos 11.270 trabajadores.