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Yacyretá, situada sobre el río Paraná, en la frontera entre Argentina y Paraguay, es la segunda mayor represa de América Latina y fue inaugurada en 1991.
El tribunal, que opera con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI), había sido recusado por el EBY debido a que no aceptó cambios en las actas que sintetizan las posiciones que las partes quieren plantear para dirimir el conflicto.
En este sentido, la jueza aceptó que el tribunal arbitral no tuvo en cuenta cuestiones planteadas por Argentina para llevar adelante el proceso.
El consorcio Eriday, formado por la italiana Impregillo, la francesa Dumez y otras empresas, reclama deudas por la construcción de Yacyretá que sumaban 792 millones de dólares hasta 2002.
Pero el organismo argentino-paraguayo que administra la represa sostiene que no adeuda nada a este consorcio en vista de que "ya había percibido una utilidad superior al 12 por ciento anual", según datos de las actuaciones en manos de la jueza Rodríguez Vidal, publicados por el diario "La Nación" de Buenos Aires.
Ante esa disputa, las partes habían aceptado la conformación de un tribunal de arbitraje formado por el jurista colombiano Nicolás Morales como presidente, Emilio Cárdenas y Julio Barberis, en representación del consorcio Eriday y la entidad que administra Yacyretá, respectivamente.
El sistema de arbitraje privado para dirimir conflictos está previsto por los contratos para la construcción de Yacyretá, pero el organismo que la administra lo recusó por considerar que no se tomaron en cuenta los derechos de Argentina.
El tribunal arbitral rechazó la recusación, pero la jueza Rodríguez Vidal falló en favor de "suspender la tramitación hasta tanto se dicte sentencia definitiva" en este asunto.