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El exgeneral Ramón Genaro Díaz Bessone fue finalmente apartado del juicio por causas médicas, mientras que el único extranjero entre los 25 imputados es el militar uruguayo Manuel Cordero, que fue extraditado desde Brasil y está acusado de privación ilegítima de libertad.
Por el contrario, los argentinos son una minoría entre los 108 presuntos desaparecidos por las fuerzas de seguridad nacionales en el país o en el extranjero durante la última dictadura, que forman parte de las tres causas agrupadas en este juicio.
La mayoría de las víctimas son uruguayas, aunque también hay de nacionalidad paraguaya, chilena, boliviana y peruana.
La Fiscalía sospecha que muchos de los desaparecidos fueron secuestrados, detenidos y torturados en el centro de detención clandestino Automotores Orletti, ubicado en la capital argentina y que está considerado la principal base de operaciones del “Plan Cóndor” en el país.
“Este juicio tiene una importancia fundamental porque demostrará que hubo una asociación ilícita de las dictaduras suramericanas para detener y hacer desaparecer a opositores políticos”, declaró la abogada querellante Alcira Ríos.
El “Plan Cóndor” u “Operación Cóndor” fue implementado por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay a partir de la mitad de la década de los 70 para compartir información, perseguir, asesinar, desaparecer o deportar a disidentes fuera de sus países.
Videla, encarcelado en la Unidad Penal de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, fue el primer presidente de la última dictadura argentina en recibir una condena a prisión perpetua, cuando en 2010 la Justicia argentina le declaró culpable del fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976.
El año pasado, un tribunal argentino condenó al dictador a 50 años de cárcel por el plan sistemático de robo de bebés durante la dictadura.
Argentina fue el epicentro del operativo, y el país donde la represión contra nacionales y extranjeros alcanzó mayores dimensiones, con 30.000 desaparecidos, según algunos organismos de derechos humanos.
La secretaría de DD.HH. indemnizó a los familiares de 16.000 desaparecidos.
“Hecho histórico”
Amnistía Internacional (AI) sostuvo ayer en Buenos Aires que “el juicio es un hecho histórico en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por los gobiernos militares”. “Aunque algunas personas han sido juzgadas en otros países, es la primera vez que dicho plan va a ser examinado de manera completa”, dijo Guadalupe Marengo, directora para América de AI.