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Sin energía eléctrica, servicios de salud y agua potable, los pobladores mantienen un hilo de esperanza en la resolución del conflicto para salir adelante en esas remotas comunidades ancladas en la llamada zona de adyacencia, la frontera no delimitada entre ambas naciones.
Los residentes en esas comunas están al tanto del proceso para resolver el diferendo territorial con Belice, una excolonia británica, pues el gobierno guatemalteco ha prometido que con el fin de la disputa llegará el desarrollo a la zona.
Los dos gobiernos deben realizar consultas populares antes de decidir si llevan el diferendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Guatemala la programó para el próximo 15 de abril, mientras que Belice no ha definido aún la fecha.
La mayoría de los pobladores calza botas de hule negro por las escabrosas veredas enlodadas a causa de las constantes lluvias que afectan a la zona, 300 km al norte de la capital guatemalteca.
Por décadas han subsistido con maíz y frijol, y el poco excedente que les queda resulta difícil de vender por estar aislados. Con el paso del tiempo ha llegado la ayuda con cuentagotas.
Para llegar a este inhóspito lugar hay que recorrer carreteras de tierra en malas condiciones y en vehículos de doble tracción, que muchas veces tienen dificultades para continuar la marcha.
Unas 25.000 personas viven en similares condiciones en las 42 comunidades a lo largo de unos 90 km de la denominada zona de adyacencia.
Uno de ellos es Carlos Alvarado, padre de un adolescente que murió en un discutido suceso, en abril de 2016, por heridas de bala de un guardaparques de Belice, en el más reciente incidente con las fuerzas de seguridad de ese país.