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BUENOS AIRES (EFE). El magistrado argentino Claudio Bonadio decidió reforzar la acusación de varios de los ya imputados en el caso y, en concreto, a la actual senadora Cristina Fernández le imputa delitos de cohecho pasivo en cinco ocasiones más de lo que ya constaba cuando la procesó con prisión preventiva en septiembre pasado como “jefa” de una asociación ilícita.
Aunque el juez volvió a pedir que la exjefa de Estado sea detenida, el dictamen recalca que esa orden solo se hará efectiva cuando el Senado apruebe su desafuero, aunque hasta ahora ningún pedido similar prosperó por la negativa del peronismo (tiene mayoría en la Cámara) de votar contra Fernández.
También amplió el embargo sobre los bienes de la expresidenta hasta cubrir la suma de 80 millones de pesos (unos US$ 1,76 millones).
En su resolución de ayer, Bonadio, que está al frente de la mayoría de las más de 10 causas en las que está procesada Fernández, reiteró que durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) se puso en funcionamiento un “sistema de recaudación ilegal” que continuó durante la presidencia de Fernández, su esposa.
El caso surgió en agosto de 2018, después de que llegasen a la Justicia las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas durante más de una década por Óscar Centeno, chofer del antiguo ministro de Planificación Federal y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.
El conductor señalaba cómo presuntamente transportaba bolsos con millones de dólares procedentes de empresarios, para ser repartidos a los funcionarios implicados.
Ese material, según la investigación, apuntaba a la existencia de una “organización delictiva” conformada por funcionarios públicos comandados por Kirchner –fallecido en 2010–, su viuda y el exministro de Planificación Julio De Vido, ya encarcelado.
El magistrado Bonadio destacó que las declaraciones de los imputados resultan “contundentes” en lo que respecta a las entregas de dinero a funcionarios y que “habría sido transportado y utilizado” por Daniel Muñoz, exsecretario privado y asesor presidencial entre 2003 y 2009, ya fallecido.
El dinero era supuestamente entregado alternativamente al matrimonio presidencial o sus secretarios en el domicilio particular de la pareja en Buenos Aires, en la residencia presidencial y en la Casa Rosada, y parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos.
Desde que surgió el escándalo, a principios de agosto de 2018, decenas de empresarios y exfuncionarios han sido procesados –algunos declarados imputados “arrepentidos”– y muchos han reconocido ante el juez la existencia de los sobornos y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo.