Cargando...
SÃO PAULO (EFE).El semanario publicó fotos con partes del informe de 34 páginas titulado “Ultra Secreto”, con fecha del último 20 de febrero en Santa Cruz de la Sierra y entregado al comandante del Ejército de Bolivia, general José Luis Bengazo.
El informe es presuntamente el mismo que incluye el llamado “caso terrorismo” por el cual Cardona alegó sufrir persecución y haber tenido que huir a España.
Según Veja, Cardona relató que “hace seis años Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales, bajo el manto de una entidad ficticia denominada Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), en cuyo consejo figuran Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Luis Alegre y Juan Carlos Monedero, realizan viajes a España”.
Los viajes, de acuerdo con la revista, tenían como objetivo financiar una nueva organización política con la finalidad de, una vez que conquisten el gobierno, sea constituida una puerta directa de entrada de cocaína en Europa.
Cardona, también abogado, trabajó como asesor jurídico de la Octava División del Ejército, fue profesor universitario y director del Hospital Militar Número 2 en Santa Cruz de la Sierra, y en su informe dio más detalles del supuesto esquema orquestado por los Gobiernos de Bolivia y Venezuela.
La cocaína peruana y boliviana, apuntó Veja, saldría del Aeropuerto Internacional de Chimoré (Bolivia) para Venezuela en aviones militares, que, según Cardona, “por ser oficiales de un Estado no pueden ser interceptados en el espacio aéreo internacional”.
Los aviones Hércules C-130 supuestamente dejarían Venezuela con armamento militar y retornarían con cocaína y automóviles que llegan a Bolivia robados de Brasil, subrayó Veja.
A Europa
Así, añadió Veja, la droga sería embarcada nuevamente en Caracas con destino directo a Europa “sin usar los puentes de Irán, Rusia, Libia y otros, como ahora lo es Grecia”.
El militar boliviano llegó a finales de abril a España huyendo por la supuesta persecución que sufre tras haber elaborado en febrero pasado lo que él califica de informe interno “Ultra Secreto” sobre el llamado “caso terrorismo”.
En abril de 2009 las autoridades bolivianas desmantelaron un grupo en la ciudad de Santa Cruz que, según el Gobierno, planeaba acciones terroristas y la organización de milicias para apoyar la eventual secesión de esa región, planes supuestamente financiados por líderes autonomistas cruceños enfrentados al Ejecutivo.