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BRASILIA (AFP). “Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial que podrá acoger o rechazar” el pedido de impeachment, dijo a periodistas el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha.
La decisión de este poderoso legislador evangélico investigado por corrupción en el marco del megafraude a la estatal Petrobras deberá ahora ser analizada por una comisión de diputados cuya conclusión será votada por el plenario de la Cámara.
Con 342 aprobaciones del total de 513 diputados, Rousseff podría ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato el 1 de enero pasado. Luego el plenario del Senado la juzgará y en caso de que dos tercios de la cámara alta (54 de 81) levanten su mano afirmativamente, Rousseff perderá su mandato y será sustituida por su vicepresidente, Michel Temer (PMDB, centro) , hasta las próximas elecciones presidenciales de 2018.
“No hago esto con ninguna felicidad, sé que es un gesto delicado en un momento en que el país atraviesa una situación difícil desde el punto de vista tanto económico como político”, añadió Cunha, cuyo cargo también está en juego por la investigación de Petrobras.
Tras agitar el fantasma del impeachment durante meses, Cunha decidió pasar a la acción el mismo día en que diputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) hicieran público que votarían a favor de abrir una investigación contra él en el Congreso por haber ocultado millonarias cuentas en Suiza. Ese proceso tiene potencial de terminar con el mandato del actual jefe de la Cámara Baja.
El paso inicial para un eventual juicio político a la Presidenta, cuya gestión es aprobada apenas por un 10% de la población, sumerge a la séptima economía del mundo en una crisis de final incierto tras un año turbulento.
A esto se suma una profunda crisis económica. El país atraviesa una recesión que durará dos años más.