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“La víctima es hasta ahora un perdedor por partida doble: con el delincuente y luego con el Estado, porque no la reconoce como parte en los procesos”, alegó el diputado Sergio Massa, uno de los defensores de este proyecto, informaron los medios argentinos La Nación e Infobae.
“Debemos terminar con la locura de que el delincuente tiene más derechos que la víctima”, enfatizó.
El derecho de los acusados debe respetarse, pero “no es menos cierto que ese derecho es un paraguas que también debe proteger a la víctima; porque la Justicia les debe reparar un daño. Pretendemos con esta ley equiparar la balanza”.
Uno de los puntos principales del proyecto es la posibilidad que la víctima cuente con un abogado que también lo represente en el juicio.
Se establece la posibilidad de que las denuncias y la atención a las víctimas no se realicen en las comisarías, sino en Centros de Atención y Protección de la Víctima de delitos, que funcionen las 24 horas, y que cuenten con abogados, médicos y otros especialistas que ayuden a la persona dañada.
En el proyecto se contempla el traslado y resguardo de la víctima, además de que esta sea notificada de lo que suceda con el acusado durante el transcurso del proceso judicial.
Protección a víctimas
El principal objetivo es que las víctimas de hechos de inseguridad tengan los mismos derechos que los imputados, como una parte esencial en el proceso penal, algo que hoy no sucede.
Para ello, se define a la víctima conforme al criterio establecido por las Naciones Unidas abarcando a todo tipo de daño: físico, mental, emocional y económico.
Tolerancia cero a armas
El texto presenta una postura clara: delincuente que esté armado, delincuente que no recupera la libertad.
Además, se incorporan penas agravadas para quien lleve un arma a establecimientos educativos, deportivos y de salud; quien modifique las armas para darle mayor poder, y para quien las utilice arriba de una moto.
Hoy, en la Argentina los delincuentes tienen acceso irrestricto a armas: las compran, alquilan o incluso las fabrican. Y las leyes vigentes son muy ambiguas.
Excarcelaciones
“Obligamos a los jueces a respetar 9 pasos de hierro antes de conceder cualquier libertad”, declaran los proyectistas.
En la oficina del juez y antes de resolver, no solo deberá estar el imputado, sino su historial criminal completo, los informes médicos y psicológicos actualizados, y la postura de la víctima sobre el caso entre otros elementos determinantes, declaran los proyectistas.
Se contempla la creación de un registro nacional donde se deberá ingresar y actualizar las detenciones, las libertades, las rebeldías, las fugas y las capturas.
“La gente tiene la sensación de ausencia del Estado, por eso creo que el Estado fracasa dos veces. Primero cuando no brinda seguridad y después cuando desprotege a la víctima en el Proceso Penal”, lamentaron.