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Once años después de esa catástrofe, por la que se vertieron 63.000 toneladas de fuel sobre 2.980 km de costa, contaminando 1.137 playas y matando a hasta 230.000 aves, además de afectar a delicados ecosistemas marinos, el tribunal se limitó a condenar a nueve meses de cárcel al capitán del petrolero por negarse a que fuera remolcado.
“La sentencia demuestra que en España no estamos preparados para juzgar una catástrofe medioambiental”, denunció la directora de Campañas de Greenpeace en España, María José Caballero.
Para la ONG española Ecologistas en Acción, “el proceso judicial ya nacía viciado desde el principio” porque “no todas las personas que participaron en la toma de decisiones sobre la catástrofe, como Mariano Rajoy”, actual jefe de gobierno, “estaban sentados en el banquillo”.
Los únicos tres acusados eran el capitán griego del barco, Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas —también griego— Nikolaos Argyropoulos y el entonces director de la Marina Mercante española José Luis López-Sors.
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el noroeste de España, los absolvió a todos de “delitos contra el medio ambiente y daños a espacios naturales protegidos”. La fiscalía había pedido entre 5 y 12 años de prisión e indemnizaciones por más de 4.000 millones de euros que no serán pagados al no encontrarse culpables.
El tribunal consideró que los tripulantes no estaban al corriente de los defectos del navío, construido en 1976, que lo llevaron a averiarse frente a las costas gallegas el 13 de noviembre de 2002.