Violan la “Ley de deforestación cero”

Unas 2.500 hectáreas de bosque están siendo arrasadas en la colonia Sidepar, en el límite entre los departamentos de Canindeyú, Caaguazú y San Pedro.

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En el lugar, unas 200 personas, contratadas por brasileños, con ayuda de ocho topadoras y decenas de tractores derriban todo a su paso.

La propiedad se encuentra en el distrito de Yhú y compone la denominada “otra triple frontera” junto con las localidades de Yasy Cañy (Canindeyú) y Capiibary (San Pedro).

La propiedad, donde se realiza la deforestación, pertenecería al ganadero Alberto Soljancic, según el expediente manejado por el fiscal de Cnel. Oviedo, Osvaldo García, quien intervino en ocasiones anteriores. Sin embargo, el productor pecuario aseguró que no es dueño del inmueble.

El representante del Ministerio Público fue recusado hace un mes y el fiscal adjunto de medio ambiente, Jorge Sosa, debe resolver si acepta el pedido de separación o lo confirma en el caso.

Las aproximadamente 2.500 hectáreas fueron alquiladas a brasileños –cuyos nombres se desconocen– que estarían proyectando cultivar soja en el lugar, según datos.

En el sitio trabajan ocho topadoras, decenas de tractores y casi 200 obreros desde hace meses. Derriban árboles nativos que son sacados como rollos y en algunos casos como madera aserrada; los arbustos y restos de árboles son quemados en el lugar.

Se trata de una flagrante violación de la Ley 2524, conocida como “Ley de deforestación cero” que rige en la Región Oriental. La normativa prohíbe realizar actividades de transformación o conversión de superficies con cobertura de bosques, a superficies destinadas al aprovechamiento agropecuario en cualquiera de sus modalidades o a superficies destinadas a asentamientos humanos”.

El 29 de agosto de 2013, el Congreso Nacional aprobó la extensión de la “Ley de deforestación cero” hasta el 31 de diciembre de 2018 en la Región Oriental.

De acuerdo con denuncias, la deforestación se realiza con complicidad de efectivos policiales destacados en la triple frontera. Es más los uniformados estarían cobrando jugosas coimas para no molestar a los brasileños y sus empleados.

Un agente policial de la comisaría de Bella Vista (Yhú) dijo que los cargamentos están “documentados”.

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