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ALBERDI, Dpto. de Ñeembucú (Clide Noemí Martínez, corresponsal). Las obras examinadas por parte de la Contraloría General de la República (CGR) fueron realizadas con recursos de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Las tareas de verificación, que se iniciaron el lunes último en el sector urbano y las compañías de esta ciudad, son acompañadas por el intendente local, Federico Centurión (ANR), y miembros de la Junta Municipal.
Los integrantes de la corporación legislativa local habían solicitado a la CGR, en reiteradas ocasiones, que se verifiquen las obras hechas en los años 2016 y 2017. Según los ediles, algunas de esas construcciones habrían sido sobrefacturadas.
Sin embargo, la Contraloría resolvió no investigar las obras realizadas en el año 2016, de las que se tienen sospechas de irregularidades. Esta decisión resulta muy llamativa, expresó el presidente de la Junta Municipal, Juan Pablo Bogarín (ANR). “Vienen a examinar las inversiones de este año, las que aún no fueron juzgadas por los miembros de la Junta Municipal”, señaló.
Por otro lado, Bogarín expresó que el intendente parece ser el fiscalizador y fiscalizado, porque el mismo actúa de nexo con los intervinientes y está todo el tiempo con los representantes del ente contralor. Lamentó el proceder de los auditores de la CGR, destacando que su accionar es poco confiable y no da garantías de transparencia.
Irregularidades
Bogarín agregó que la administración del intendente local, Federico Centurión (ANR), está llena de irregularidades, como producción de documentos de uso público de contenido falso, sobrefacturación por la realización de obras, entre otras. Sostuvo que el jefe comunal tampoco presentó las rendiciones de cuentas de los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
Indicó que la Junta Municipal había denunciado en tiempo y forma las irregularidades detectadas en la Contraloría General de la República y se presentó una denuncia penal contra el intendente en el Ministerio Público, el 24 de noviembre de 2017. Añadió que también está en estudio en la Cámara de Diputados el pedido de intervención de la Comuna.