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El distrito de San Pablo, distante unos 330 km de Asunción y uno de los menos desarrollados del segundo departamento, es administrado por el intendente Víctor Guerrero (ANR). En concepto del Fonacide, el Ministerio de Hacienda le transfirió más de G. 520 millones, en 2014, mientras más de G. 595 millones en 2013 y G. 288 millones en 2012.
De acuerdo a la denuncia hecha por la presidenta de la Asociación Cooperadora Escolar (Aces), Griselda Peralta, no saben qué pasó con esos millonarios fondos, ya que el jefe comunal no transparenta su administración.
Sospechan que el dinero está siendo utilizado en otros rubros, como gastos corrientes. En ese caso, Guerrero estaría transgrediendo la Ley 4758/2012.
La denunciante indicó que, como ejemplo de la ineficiencia y malversación de los recursos, está la escuela N° 405 Merardo Achucarro, cuya estructura podría colapsar. Relató que la única inversión hecha por la Municipalidad fue la colocación de “tacos” en las maderas que apuntalan el techo del centro educativo.
Pero según los concejales opositores César Valdovinos, Timoteo Acosta, Antonio Peralta, Calixto Duarte y Hugo Agüero, en dicha escuela figura la supuesta orden de trabajo para pintura y refacción con los recursos del Fonacide de 2014.
El intendente Guerrero dijo que el año pasado recibió G. 532 millones del Fonacide y 1.030 millones de royalties, y que los ingresos genuinos no superan los G. 100 millones.
Admitió que rindió tardíamente las cuentas ante la Contraloría General de la República, por lo que desde noviembre de 2014 no recibe más desembolsos del Ministerio de Hacienda. Añadió que los recursos de royalties los emplea para cubrir salarios de los pocos funcionarios municipales.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Luis Piñánez, investiga una supuesta malversación, basándose en el dictamen final de la CGR.
Lima
En la Municipalidad de Lima, a cargo del Élida Sosa de Franco (ANR), se constató la ejecución de menos obras de lo presupuestado con los recursos públicos, según CGR. Las obras tampoco cuentan con autorización del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
La CGR detectó indicios de hechos punibles contra el patrimonio público y remitió la documentación a la Fiscalía.
Tacuatí
El informe 2013 de la CGR detalla que en Tacuatí, administrada por Orlando de Vaca (PLRA), realizaron obras en las instituciones educativas sin contar con la autorización del MEC, incumpliendo la Ley 4758/2012.
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