Urgen liberar tres calles ocupadas en Hernandarias

Pobladores del barrio María Magdalena, de Hernandarias, exigen la liberación de tres calles ocupadas por una empresa. Los vecinos presentaron una denuncia contra el intendente Mario Castillo González (PLRA) y concejales, que está a cargo del fiscal Enrique Rojas. Acusan a las autoridades de vender las vías. La firma declaró que “nunca fueron habilitadas como tales”.

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HERNANDARIAS (De nuestra redacción regional). Los denunciantes aseguran que la empresa Comercial e Industrial Amambay Sociedad Anónima (Ciabay SA) construyó su local en un inmueble ubicado sobre la Supercarretera de Itaipú, ocupando las calles conocidas como “3”, “4” y “5”. El problema ya es de larga data y la comisión de fomento del barrio María Magdalena exigen al fiscal Enrique Rojas se expida sobre la denuncia que presentaron.

Ella inicialmente fue atendida por la fiscala Olga Melgarejo, quien actualmente se desempeña en otra unidad. Sin embargo, antes de dejar el cargo le solicitó al juez Silvio Rojas que desestime la acción, petición que fue rechazada por el magistrado.

La presidenta de la comisión vecinal, Mirta Florenciano, dijo ayer que hoy concurrirán junto al fiscal Rojas para que agilice el proceso, ya que urge una solución definitiva al problema de usurpación de calles. Responsabilizó del hecho al intendente, Mario Castillo González (PLRA), y a los concejales.

Sostuvo que la empresa ya depositó 250.000 dólares en la Comuna, que corresponde al 50 por ciento del precio puesto a las tres calles, es decir, 500.000 dólares, indicó la dirigente vecinal.

El Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Hernandarias, cuyo actuario es Óscar Giorgio Cardozo, notificó el 22 de setiembre de 2014 a Ciabay SA que esta instancia comunal resolvió “declarar a la empresa y sus representantes como responsables y culpables de la comisión de la infracción de usurpación de los bienes del dominio público”.

El Juzgado de Faltas decidió también sancionar a la mencionada firma comercial dedicada a la venta de implementos agrícolas, insumos diversos, agroquímicos, entre otros, con el pago de una millonaria multa.

Además, intimó a los responsables a que “en un plazo no mayor de 30 días realice la apertura de las calles” ocupadas.

La empresa Ciabay, cuando presentó su descargo, por medio de su representante legal, el abogado Gustavo Ruiz Llano, reconoció el uso de los bienes de dominio público, pero aclaró que lo hace “porque las calles nunca fueron habilitadas como tales”.

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