El problema se inició en el 2002 cuando algunos compradores de los lotes de una supuesta Fracción Cancún de Barcequillo (San Lorenzo) se acercaron a la municipalidad de este distrito para pagar el impuesto inmobiliario y fueron informados de que la inmobiliaria no contaba con fraccionamiento alguno aprobado por la comuna de esta ciudad.

Además, esto consta en informes enviados por la Intendencia a los fiscales Víctor Maldonado y Luis Clyde Maniagurria en el 2002, explicaron Agustina Gómez y Falner Martínez.

En realidad, estas familias están asentadas en el barrio Santa Bárbara de la ciudad de Ñemby, según boletas de pago por tasas de recolección de basura, energía eléctrica y agua potable que abonan mensualmente.

Ante la incertidumbre de no saber si estaban abonando al propietario real por los lotes, ya que ellos habían adquirido la propiedad supuestamente ubicada en una Fracción Cancún de Barcequillo (San Lorenzo), promovieron un hábeas data ante el juez Miguel Angel Rodas.

A través de dicha acción tuvieron acceso a todas las documentaciones de la inmobiliaria, de donde presumen que fueron estafados y por tanto presentaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, en la unidad penal Nº 5, a cargo de la fiscala Teresa Sosa Laconich.

La agente fiscal poco o nada investigó los hechos a pesar de que ya transcurrió un año y cinco meses, por lo que hicieron una querella adhesiva y después de casi tres meses tuvieron que solicitar la reconstitución de la causa porque se había extraviado el expediente, explicó la mandataria Elvira Montanía de Benítez, quien asesora a los afectados.

Los vecinos recurrieron a escribanos y a peritos calígrafos, quienes concluyeron que los títulos presentados por la inmobiliaria son apócrifos y estaban siendo falsificados sistemáticamente desde 1912.

Otro hecho resaltante es que los perjudicados habían adquirido los lotes de JB Inmobiliaria SRL de Sonia Beatriz Báez Gómez y no de Iter SA, perteneciente a la madre de esta, María Angélica Reineria Gómez viuda de Báez.

Intentamos conocer la versión de Sonia y de su madre, llamando al teléfono que aparece en la libreta de pago de JB Inmobiliaria SRL (299 456), pero nos derivaron con el abogado Pablo Reinerio Villalba López, a quien llamamos sin éxito alguno.