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Fernández utiliza el agua potable a discreción, mientras la familia Ocampo-Irala otras 29 de escasos recursos económicos no accede al vital líquido porque no cuentan con dinero para la compra de unos 700 metros de caño y el costo de la conexión a la red de distribución.
Según datos, solo 12 familias, todos grandes productores, están conectados a la red de agua corriente.
“Nosotros traemos el agua de un arroyo cercano, porque no podemos mandar a instalar la cañería para el suministro del agua del sistema instalado por la Gobernación. Solicitamos en varias ocasiones ayuda para la conexión al gobernador y a la Municipalidad, pero nunca nos hacen caso”, dijo Ocampo.
Añadió que en la Gobernación le pidieron que formen una comisión vecinal para poder canalizar la ayuda. Sin embargo, en la Comuna rechazaron el pedido de aprobación de la comisión vecinal.
“Gestionamos la aprobación de la comisión entre unas 30 personas, pero nos rechazaron el pedido y no nos explicaron porque”, dijo Ocampo.
Fernández despojó de la oportunidad de progresar a la laboriosa familia de agricultores al apoderarse de los programas sociales. También violó la Ley Orgánica Municipal N° 3966/10, en su Art. 27, que claramente señala: “Los concejales municipales no pueden obtener directa o indirectamente beneficios originados en contratos, comisiones, franquicias u otros actos que intervenga en su carácter de autoridad municipal”.
Cuando llegamos a su finca, Fernández se mostró prepotente y no nos recibió. Después llegó a nuestra redacción regional de Encarnación y dijo que desconocía tal prohibición.
Indicó además que por más que la familia Ocampo-Irala sea beneficiada con la construcción del invernadero, no tendría el dinero suficiente para mantenerla.
“Ellos (la familia Ocampo-Irala) no van a tener dinero para ejecutar la contraparte del proyecto”, dijo.
Fernández indicó además que la porción de terreno donde está instalado el tanque él donó a la Gobernación.